Con un vaso de whisky

junio 5, 2014

Carta de un lector de “El Jueves”

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 9:25 pm
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            Dejemos antes de nada claros los hechos. El día 2 de Junio de 2014, el Presidente del Gobierno, en declaración extraordinaria y urgente, anunció que el Rey Juan Carlos I abdicaba. El monarca, en un discurso previamente grabado, lo manifestó asimismo, explicando los motivos de tal decisión. No mucho después, en internet (entre otros miles de chistes, discusiones y exclamaciones de todo signo), “El Jueves” adelantaba una portada especial para el número de esta semana, que sustituiría a la prevista antes de conocerse la noticia. Esta portada, obra de Manel Fontdevila, mostraba al Rey a punto de colocar una corona llena de inmundicia y con moscas revoloteando en la cabeza del futuro Felipe VI. El miércoles 4 de Junio, día de publicación de la revista, ésta no apareció en los kioskos. Por la misma se indicó que había habido un problema y que se pondría a la venta el día 5. El día 5, en efecto, se puso a la venta el número. Pero no con la portada anunciada, sino con otra, parece ser que la anteriormente prevista, con una caricatura de Pablo Iglesias, portavoz del partido político Podemos.

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            Internet y, en concreto, Twitter, pululó con un pulular de rumores y especulaciones. Dos teorías cobraron fuerza. La primera, que lo repentino de la noticia no había permitido hacer el cambio de portada; la segunda, que RBA, la editorial, había vetado dicha portada. Desconozco los motivos del cambio y desde luego no voy a afirmar nada sobre esto. Es otro hecho, sin embargo, que en la tarde del día 5 de Junio varios de los autores y colaboradores de esta revista (que yo sepa, al menos Albert Monteys, Manel Fontdevila, Bernando Vergara, Isaac Rosa, Guillermo Torres o Paco Alcázar) anunciaron que abandonaban la revista. Sería presuntuoso por mi parte presumir el porqué de esta decisión. Pero mucho me extrañaría que algo de poca entidad fuera la causa.

            La portada era, ciertamente, burlona. Pero esperar una portada no burlona de esta revista, ante la noticia de la abdicación del Rey, es como beberse de una sentada una botella de Zubrowka y esperar levantarse al día siguiente sin una resaca épica. Por otro lado, no es, ni de lejos, la portada más dura, cruel o sarcástica que he visto en “El Jueves”, ni siquiera si limitamos la comparación al tema de la Familia Real.

            Por ahí he leído a gente asegurando que se habían secuestrado ejemplares de la revista. En aras de la claridad, si eso fuera así, habría un auto que lo ordenase. O sea, que se habría iniciado un procedimiento judicial. Porque la Constitución española de 1978, artículo 20.5, dice con rotundidad: Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. No he oído que nadie mencione un procedimiento judicial, en el cual, bien aplicando la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien la Ley de Enjuiciamiento Criminal, bien otras leyes, como la Ley Orgánica LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se haya adoptado dicha medida. La única excepción que conozco a esta regla de “sin resolución judicial no hay secuestro” es que se decrete el estado de excepción o el de sitio. Que yo sepa, no es el caso. Así que hablemos con propiedad.

            Bien. Todo lo que sigue son estrictamente opiniones y consideraciones mías, como ciudadano y lector. No tienen mayor valor que éste.

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            Llevo varios años leyendo “El Jueves”. Y hasta comprándolo. Nunca me ha parecido que malgastaba ni un céntimo (lo cual no puedo decir con otras publicaciones periódicas). Tenía sus días más flojos y sus días en los que cada autor, guionista o dibujante, estaba sembrado. Me he reído a carcajadas en cafeterías, aviones, trenes y en el salón de mi casa. No siempre he estado de acuerdo con cada viñeta que se publicaba. Ni siquiera, cosa mucho más grave, he considerado graciosas todas las viñetas, tiras o página que he leído (estuviera o no de acuerdo con ellas). Pero el balance siempre, siempre era positivo. Aunque sólo fuera porque “El Jueves”, durante años, ocupó el delicado rol de bufón. ¿Y qué se creen, que los fools de Shakespeare son todos ellos distintos y todos extraordinarios por casualidad? De eso nada. Un buen bufón es algo extraordinario. “El Jueves” lo era.

            Con frecuencia una viñeta o un chiste me han dejado con la taza de café a medio camino, la pobre, en un limbo, mientras leía, releía y quedaba sin palabras y aun sin risa, por el ingenio o por la osadía. O me atragantaba, por un exceso y no un defecto de risas. De cuando en cuando (no nos pasemos, que tampoco era esto un compendio de San Agustín, Nietzsche y Schopenhauer) me obligaba a replantearme opiniones que creía seguras; cierto que varias de esas veces terminaba reafirmado en mi posición, pero al menos me había visto forzado a argumentar ante mí mismo. Cuando un amigo me dijo que iba a empezar a trabajar de guionista en “El Jueves” sentí esa envidia admirativa que te lleva a felicitar al interfecto mientras maquinas cómo causarle una muerte dolorosa. Llevo sintiéndola desde entonces. Es el mayor halago que uno puede hacer a otro.

            Pero sobre todo y ante todo, me ha hecho reír, horas y horas. Con su humor sarcástico y su humor absurdo. Porque en ocasiones nada reflejaba de manera más certera, implacable y exacta lo injusto, lo ridículo o lo indignante de un hecho de esta sociedad nuestra. Porque a veces ellos, en sus viñetas, daban el puñetazo encima de la mesa que otros muchos sentían. O lanzaban el dardo venenoso que otros guardaban también, sin esperanzas de poder usarlo nunca. O nos permitía reírnos de nosotros mismos. No tengo datos que me respalden, pero yo diría que “El Jueves” ha evitado algún suicidio o muerte en vida. Ya lo dijo el Joker, el poder curativo de la risa.

            El asunto de la libertad de expresión y sus límites es tema viejo y apasionante. Los anglosajones, que llevan siglos de ventaja en este, como en otros, asunto, poseen un bagaje impresionante sobre la cuestión. Han debatido juristas, académicos, periodistas, filósofos y cómicos. No voy a darles la tabarra con mi opinión. Sólo pienso, a grandes rasgos, que si bien no es un derecho ilimitado (ninguno lo es), la tendencia de esos países con siglos de experiencia es favorable a dejar hablar y escribir, no a lo contrario. Desde luego que el derecho a decir algo no lleva consigo de manera inmediata el derecho a que lo dicho sea respetable. Pero que se diga. Luego ya le daremos para el pelo el resto. Con copas en la mano, a poder ser.

            Yo he visto portadas en todos (todos) los periódicos de este país que me han causado vergüenza ajena. En cada uno de estos casos me hubiera parecido un flaco favor a la sociedad y al propio medio prohibir una portada por ser crítica contra algo. Sólo por eso. No por analfabeta, o mendaz. Y eso que estamos hablando de medios obligados a dar información veraz, no meramente opiniones subjetivas con grandes titulares. Mucho más triste es que pueda haber ocurrido en una revista satírica, que busca, justamente, criticar y molestar y no dejarnos tranquilos. Porque la tranquilidad se parece demasiado a la abulia.

            No sé exactamente qué ha ocurrido esta semana con este número ya maldito de “El Jueves”. Ni sé lo que ocurrirá con esta revista con la que tan en deuda estoy. Ni con quienes la han dejado, ni quienes en ella siguen escribiendo y dibujando. A todos ellos les deseo lo mejor.

            Pero este 5 de Junio de 2014 ha sido un día sombrío. Porque le han quitado la fusta y el gorro de cascabeles al bufón. Ha habido un soplo gélido. Casi podríamos gemir con Lear, And my poor fool is hang´d! Espero que no. Que si no hay un Jueves, como ha dicho el sabio Hematrocrítico, haya un Miércoles. Salud.

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diciembre 7, 2010

¿Por qué no?

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 6:56 pm
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            El estreno de cine español más comentado estos días, normalmente para masacrarlo (cosa de la cual me alegro mucho) es un cursilada basada en una novela de un escritorzuelo italiano. De Federico Moccia, si les parece, me encargaré la semana que viene. Porque leer su nombre en los periódicos me hizo recordar una anécdota que ocurrió hace unos años y, se lo aseguro, no tiene desperdicio.

            Pero, en fin, la película esta, como muchos otros estrenos, me provocó una pregunta. Algo que los anglosajones, en ambos lados del Atlántico, hacen como nadie es sacar partido de su dramaturgos. La cantidad de adaptaciones (magistrales, buenas, regulares y espantosas) de obras de teatro es ingente. No sólo de autores propios, aunque en su mayoría así sea.

            Ya, ya, dirán ustedes. Menudo mérito, teniendo a Shakespeare. Pues como poco son conscientes de tenerlo. Y no se limitan a él, ni mucho menos. ¿Hay que recordar La soga, Testigo de cargo, La gata sobre el tejado de zinc, ¿Quién teme a Virginia Wolf y tantas otras?

            ¿Por qué en España no lo hacemos? ¿Por qué, teniendo dramaturgos geniales y compañías de teatro que, casi de forma heroica, se empeñan en seguir en la brecha? ¿Por qué los productores y directores no se atreven, salvo raras excepciones, a adaptar a Calderón o a Lope de Vega al cine? ¿Por qué no hay ningún cómico inteligente que ponga los Esperpentos de Valle-Inclán en las salas?

            ¿Y por qué tenemos tan injustamente olvidado a ese prolífico, irónico, inteligentísimo escritor que es Antonio Buero Vallejo (en la imagen)? Un director podría dedicar media carrera a utilizar su obra y, como lo hiciera bien, se merecería el aplauso unánime.

            Dejando a un lado Historia de una escalera, que siempre me rechinó un poco por ser la más comentada, citada y recomendada (sé que ahora soy yo el injusto), ¡cuánto hay para aprovechar! La Fundación me parece uno de los thrillers psicológicos y filosóficos más angustiosos que haya leído. He visto pocos dramas de nuestros cineastas que le lleguen a la altura del tobillo a El tragaluz. Lo mismo podría decir de En la ardiente oscuridad o de El concierto de San Ovidio.

            Como tengo debilidad por las películas de época (aunque el término me parezca bastante absurdo; casi todas las películas son de alguna época), me encantaría ver en la pantalla las piezas que don Antonio dedicó a dos grandes pintores, Velázquez y Goya. Las Meninas une estupendamente las intrigas palaciegas, la relación entre el Poder y el Arte, la censura, la amistad y los celos. En cuanto a El sueño de la razón, siempre me ha parecido terreno abonado para el cine. Puede hacerse una auténtica pesadilla con esas páginas, donde no se sabe qué es más terrible: las visiones enfebrecidas del pintor o la cruda realidad. Igual que en la demoledora La detonación, en la cual nos metemos en la cabeza de Larra los instantes antes de su suicidio.

            Pero no se hace. Igual los productores creen que no será buen negocio. O igual ni directores ni actores se atreven. Lástima.

octubre 5, 2010

Choque de Leyes

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 1:38 pm
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            En Israel llevan semanas (o meses, o años) incubando un conflicto interno interesante. Los bloques enfrentados son, por un lado, el Estado y, por el otro, la comunidad ultraortodoxa. Cada vez con más frecuencia leo en la prensa (con la visión sesgada propia de cada periódico) alguna escaramuza e incluso pulsos fuertes entre los adversarios (eso no quita que los ultraortodoxos tengan una voz fuerte en el Gobierno, sobre todo en lo que al conflicto con los palestinos se refiere). Cuando no es una decisión gubernamental o de un ayuntamiento es alguna resolución de los tribunales. Por lo que he leído, los judíos ultraortodoxos han afirmado que su intención última es ver la Torah convertida en ley suprema de Israel. Algo que no creo haya sorprendido a nadie.

            Los periodistas, con el simplismo que suele caracterizarlos, bien sea por presiones de sus jefes, bien por limitaciones propias, han calificado esta situación de guerra entre la religión y la laicidad. Por desgracia, la tendencia de llamar laicidad a una especie de militancia antirreligiosa ha ganado la partida. Los últimos esfuerzos conceptuales trataban de acuñar el término “laicismo” para designar esa militancia, separándola de la “laicidad”. Pero nada. Lo único que se ha logrado es convertirlos en sinónimos. Y, de paso, dar un arma retórica a los militantes, vamos a llamarlos así, antilaicistas.

            El gran caballo de batalla entre “laicistas” y “antilaicistas”, en casi todos los Estados más o menos democráticos, es el papel de la religión en la esfera pública. Durante unos cuantos siglos –zigzagueando a otros de encarnizada lucha entre ambos poderes-, en Europa el Trono y el Altar se llevaban de maravilla, bendiciendo el último al primero si éste no permitía otros Altares y convertía en ley al menos parte de lo que los jefes del Altar decían en aquel momento. Como reacción, Tronos posteriores y sus seguidores consideran que nada de lo que opine el o los Altares puede ser incluido en una ley. Y que los Altares deberían cerrar la boca en todo debate político, social o cultural. Es decir, que lo religioso debe estar circunscrito a un ámbito rigurosamente privado.

            Como casi todo en esta vida, el asunto es bastante más complicado. Romper la alianza entre el Estado y la Iglesia fue algo extraordinariamente positivo. Lo fue para el Estado, lo fue para la Iglesia y lo fue para los individuos. De hecho, en aquellas partes del mundo donde no existe tal separación, los Estados tienden a ser dictatoriales, las confesiones a ser intolerantes y agresivas y los particulares a tener en exclusiva el derecho a obedecer.

            Pero, ¿qué quiere decir que la Iglesia (englobemos aquí en este término, esperemos que sin ofender a nadie, a las confesiones religiosas) esté separada del Estado? Cada cual marca la frontera donde le parece. Unos, en que la Iglesia no sea financiada por el Estado ni en un céntimo. Otros, en que la doctrina de la Iglesia no pueda ser admitida en el debate político-jurídico. Otros, en que ni la Iglesia maneje al Estado ni el Estado manipule a la Iglesia, pero sí puedan cooperar, como colectivos, respetando los derechos de creyentes y no creyentes como individuos. Este sector es el que se conoce como defensor del Estado aconfesional que, en realidad, es lo mismo que decir Estado laico. O debería serlo.

            Tal separación, muy hermosa sobre el papel, es fuente de muchas discusiones en la práctica. Lo cual es lógico. La falta de discusiones es seña identificadora de toda sociedad de pensamiento único. Haríamos bien en alegrarnos de discutir, siempre que las discusiones fueran de cierta altura. Debates muy conocidos, aliñados por la alegre incompetencia de los altos cargos públicos y eclesiásticos, recorren Europa mes tras mes. De alguno de ellos podríamos ocuparnos en otras ocasiones.

            Ahora bien, incluso en el sector “aconfesional” hay matices. El debate de la financiación se da entre gentes aconfesionales-cooperativistas. Y el gran debate del ámbito religioso, también.

            El religioso es un fenómeno complejo. Pese a lo que podría pensarse oyendo a los imbéciles “laicistas” o a los idiotas “antilaicistas”, las religiones no son códigos morales con patas. Sin duda, en toda religión hay un componente moral, ético, importante. Incluso hay moral individual y moral social. Pero no es, ni debería ser, un Código Civil o Penal espiritual.

            En una sociedad libre habrá, sin duda, diversidad religiosa. Por ello, si un Estado se toma en serio su misión de garantizar las libertades de las personas, no puede imponer legalmente la visión de una confesión en concreto (seamos más justos: de un sector de una confesión) a expensas de las demás, ni aun cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos pertenecieran a tal confesión. Esto, dicen algunos, implica, por pura lógica, que las visiones de los sectores de las distintas iglesias deben quedar al margen del debate público. No puedo estar de acuerdo.

            Supongamos un Estado con tres partidos políticos (siendo simplistas), uno de izquierdas, otro de centro, otro de derechas. Supongamos, de paso, que estos partidos están compuestos por gentes sensatas que han llegado a la conclusión, cada cual por su lado, de que su postura ideológica es la mejor para la sociedad en la que viven. Descartada la opción de tomar el poder a cañonazos, concurren a unos comicios limpios, encantadores, regidos por un sistema electoral ideal. Repartido el poder legislativo, la mayoría se dispone a dictar normas, sin avasallar a la minoría, pero de acuerdo con su propia orientación ideológica.

            Hasta aquí, casi nada que objetar. Bien. Supongamos ahora que las propuestas del partido mayoritario coinciden en todo o en parte con las posiciones sociales de una confesión religiosa determinada. ¡Dios mío! ¿Qué hacemos? ¿Son esas leyes contrarias al principio de la aconfesionalidad porque a una confesión se le ocurrió confesar que estaba de acuerdo? O, peor aún, ¿porque esa confesión inspiró las propuestas de ese partido?

            Examinemos la segunda posibilidad, la inspiradora. ¿Es buena cosa que un partido político se identifique públicamente con una Iglesia? Supongamos que el partido de izquierdas se autodenomina Partido Católico y el de derechas Partido Hindú. Así las cosas, pareciera que a todos los católicos no les quedaría más remedio que votar a la izquierda y a los hindúes a la derecha. O viceversa. ¿Y los ateos, musulmanes, judíos o protestantes? Más vale que el Partido de centro no haya elegido una fe concreta.

            Esa situación sería un error de primer orden. El autoproclamado Partido Católico estaría mintiendo como un bellaco. Porque un católico puede ser de derechas, de izquierdas, de centro, liberal, socialista, conservador, mixto y cualquier otro color del espectro. Lo mismo que un hindú o que un agnóstico. Sólo faltaría que, por inclinarse algunos miembros de una confesión hacia un lado, toda la confesión tuviera que seguirles, monolíticamente. Igual que en la sociedad hay debate ideológico, debería haberlo en las confesiones. Lo mismo que debate teológico.

            Esa perversa mezcla entre partido y confesión es conocida entre los anglosajones como “entanglement”, enredo. Tentación que nunca está lejos ni de las confesiones ni de los partidos. Ambos tienen cosas que ofrecer a la otra parte. El resultado es siempre malo. Para el Estado, para las Iglesias y para las personas.

            Sin embargo, es asimismo poco razonable condenar a un individuo o a una colectividad al silencio porque tenga creencias religiosas. Una creencia religiosa siempre tiene una aplicación en la vida concreta. Es decir, en una sociedad determinada, con problemas económicos, sociales, culturales concretos. Cuestión distinta es que, ante esa realidad, todas las personas religiosas, incluso de la misma religión, lleguen a conclusiones idénticas.

            Ya, entonces, ¿dejamos que los ultraortodoxos coloquen la Torah por encima de la ley civil? Bueno, el ejemplo concreto es aún más complicado de lo que parece a simple vista. La Torah es, en buena medida, un texto jurídico, no espiritual o moral. Es la Ley. El problema es que es una Ley un tanto añeja. Redactada, pensada o inspirada (dejo aquí plena libertad al lector) para una sociedad distinta, con problemas distintos. Sus soluciones a veces nos pueden parecer rechazables, contrarias a la dignidad de las personas; otras, sorprendentemente retadoras. Desde luego, es una Ley con un trasfondo religioso, moral, espiritual. Pero cualquier Ley tiene un trasfondo espiritual, ético. Incluso la ley que establece la aconfesionalidad: el principio ético es aquí la libertad de conciencia, la misión del Estado de garantizar esa libertad.

            Por otro lado, como ya dije en otro artículo, los ámbitos de la Ley y la Moral son diferentes. Pueden coincidir en ocasiones, pero, en un Estado liberal o liberal-social, una conducta considerada inmoral por algunos y aun por muchos, no tiene que ser ilegal, a no ser que perjudique o dañe injustificadamente a terceros. Regla general que, como toda regla general, no es tan simple de aplicar a lo concreto.

            Tal vez el debate no deba pararse en si un principio ético o social puede o no ser acogido en una ley civil por haber sido propuesto por tal o cual confesión, escuela filosófica o corriente de pensamiento, sino que deba someterse a ese principio a escrutinio. Debate dentro de la confesión, debate dentro de la escuela filosófica y debate en el Estado.

            Lo absurdo, desde luego, es aplicar los mismos razonamientos en las diferentes sedes de debate. Que la Biblia o el Corán digan esto o lo otro puede tener peso en un debate teológico (estoy simplificándolo mucho). Ese debate teológico podrá traer, como consecuencia, un debate social y moral, dentro de la confesión. Y las aportaciones de estos y otros debates pueden unirse al debate de toda la sociedad. Pero en el Parlamento lo que diga la Biblia no debe tener importancia porque lo diga la Biblia. Lo que importa es qué se dice y si puede aplicarse a nuestra sociedad, a nuestros derechos, libertades y deberes. De eso debería discutirse.

Imágenes: El Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén: Asamblea Nacional, Francia.

abril 2, 2010

Semana Santa y sombría

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 12:35 pm
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            Será esta una de las más sombrías Semanas Santas para la Iglesia. No la primera, ni la última, ni tal vez la más grave, pero sin duda alguna, una de las más dolorosas que yo recuerde. El escándalo no hace más que aumentar. Pronto, parecerá que el de los Estados Unidos no fue sino un lúgubre ensayo general.

            No me gusta comentar estos asuntos cuando están en pleno desarrollo. Por fuerza, no se dispone de la mayor parte de la información y, además, los ánimos tienden a estar calientes. Estos asuntos siempre hay que abordarlos con la cabeza fría. Así pues, no pretendo ponerme yo aquí a dar recetas concretas e infalibles, ni presumir de andar con la verdad total. Pero me parece que, en este momento, hay datos suficientes para hacer algunas observaciones. En especial, señalar líneas de debate que deberían abrirse y tentaciones en las que no hay que caer.

            El primer y más urgente debate no corresponde, en realidad, a la Iglesia como tal. La cuestión de qué hacer con los sacerdotes pedófilos han de resolverla los psicólogos, psiquiatras, demás expertos médicos y, en última instancia, los tribunales. Prestando mucha atención éstos a lo que dicen aquellos.

            Por lo que se refiere a las víctimas, los menores a quienes se violó y de los cuales se abusó física, mental y espiritualmente (sean hoy día o no menores), merecen compensaciones y, sobre todo, asistencia psiscológica, anímica, si es que ello es aún posible. Y de esa asistencia debería encargarse, directa o indirectamente, la Iglesia. Digo indirectamente, porque tal vez no sea lo más adecuado para una víctima de abusos ser atendido por un clérigo. O sí. Eso debe verse caso por caso y ser decidido por los especialistas, escuchando a las propias víctimas, la cuales, pese a esos abusos, o a causa de los mismos, pueden desear una asistencia estrictamente religiosa, junto a la psicológica..

            El problema de estas reparaciones, a estas alturas, es que podrán sonar forzadas, insinceras. Lo cual les restará mucho valor simbólico, moral y terapéutico. Claro que haber estado décadas cruzados de brazos tampoco es la mejor excusa para seguir en idéntica posición.

            En relación con los depredadores sexuales, convendría andarse con cuidado. Cualquier acusado tiene el derecho a un juicio, ante un tribunal imparcial. Sea seglar o eclesiástico. Y ese tribunal debe determinar su nivel de responsabilidad. No soy ni psicólogo ni psiquiatra. Pero si la medicina cataloga a los pederastas como enfermos, como tales habrán de ser tratados. Esto no implica, desde luego, dejarles sueltos y rodeados de niños. Un enfermo puede ser peligroso. Respetando sus derechos (que, esto nunca debe olvidarse, los tiene), el Estado debe minimizar el riesgo que suponga.

            Dos grandes tentaciones amenazan en estos aspectos.

            La primera (ya ronda por algunos artículos que he leído) es la de trazar una línea directa entre pedofilia y homosexualidad. Tal línea debe ser rechazada con toda contundencia. Estemos o no de acuerdo con el actual Magisterio acerca de la homosexualidad, es inaceptable igualar las relaciones sexuales consentidas entre dos adultos del mismo sexo y los abusos que un adulto con considerable influencia y poder comete sobre un niño. Inaceptable e infamante.

            Del mismo modo, el gratuito salto entre homosexualidad y pedofilia debe rechazarse. El argumento que coloca a todos los varones homosexuales como potenciales o seguros pederastas tiene la misma consistencia que considerar a todos los varones heterosexuales como potenciales o seguros violadores de mujeres. Por ahora, estas afirmaciones vergonzosas parecen marginales. Esperemos que sigan siéndolo o que dejen de ser por completo.

            La segunda tentación es más complicada de resistir. Consiste en mezclar el debate anterior y los siguientes que veremos con el debate sobre la obligatoriedad del celibato. Hay voces, y no de las menos autorizadas –por ejemplo, la del cardenal Martini- que han vuelto sobre éste en el contexto actual.

            En primer lugar, la mayoría de estas voces llevan años pidiendo (y realizando, de manera oficiosa) el debate sobre este controvertido punto. En realidad, la Iglesia lleva discutiéndolo oficiosamente desde que se impuso, hace unos diez siglos, el celibato obligatorio a todos los sacerdotes. Asunto distinto es que las autoridades suelan negarse a admitir un tal debate o que le den carpetazo una y otra vez.

            En segundo lugar, no me opongo a ese debate. Todo lo contrario. Pero no me parece correcto relacionarlo con los casos de pedofilia. Un célibe no es, por el mero hecho de su celibato, más propenso a la pederastia. O, al menos, eso aseguran bastantes expertos estos días, en medios de toda índole y sesgo ideológico. Por lo tanto, flaco favor hacen a su causa los que aprovechan estos momentos para insistir. Lo entiendo. Tras tantas peticiones de discusión serena e inteligente sistemáticamente rechazadas, es comprensible que se termine, como último recurso, por sacar el asunto a colación con un escándalo de los que no pueden obviarse. Es una tentación lógica, pero, como toda tentación, debe desecharse o nos llevaría a cometer un grave error.

            La gran cuestión que hay que plantear, sin embargo, es mucho más seria. A fin de cuentas, que haya curas pederastas no es escandaloso. Es un problema terrible, que debe afrontarse y resolverse con inteligencia, misericordia, transparencia y firmeza. Es decir, justo lo contrario que se ha hecho. El escándalo está en la política oficial. Está en el encubrimiento. En que la Iglesia como institución lo haya ocultado y no haya actuado a favor de las víctimas y en colaboración con la justicia y las instituciones sanitarias. Lo escandaloso del caso está en la política que la jerarquía católica ha desarrollado.

            Existen, a mi entender, dos posibilidades, ninguna buena. O bien esa política de encubrimiento sistemático, de silencio cómplice y de reubicación bajo mano se realizaba en contra, al margen o usando de lagunas en la normativa canónica y las directrices vaticanas o bien era un riguroso cumplimiento de las órdenes recibidas desde puesto de autoridad, en cumplimiento de tal normativa y dichas directrices.

            Si estamos ante la primera posibilidad, el sistema necesita una reforma profunda. Desde luego, todos los responsables eclesiásticos implicados deberían ser apartados de puestos de responsabilidad y entregados a las autoridades del Estado. Deben revisarse los mecanismos de supervisión y control de la Iglesia. Debe examinarse cuidadosamente qué vaguedades o silencios en el Derecho Canónico permitieron realizar tales acciones, durante tantos años.

            Si estamos ante la segunda posibilidad, entonces lo necesario es un cambio aún más radical. Habría que reformar todas las leyes canónicas, todas las órdenes, todos los decretos que establecen el encubrimiento. Cuando el sacerdote sancionado es el que denuncia, en vez del que abusa o encubre, algo marcha espectacularmente mal. Si este escándalo es el resultado de la aplicación de la política de la institución, entonces hay que cambiar esa política. Y pedir cuentas a sus responsables. No puede haber perdón sin arrepentimiento y propósito de enmienda.

            Es imprescindible que se plantee esta pregunta, que sea sinceramente respondida y que se tomen las medidas pertinentes. Porque, de lo contrario, es muy posible que este escándalo sea el preludio de algo aún peor. Nada institucional es inmodificable.

            La tentación relacionada con este aspecto también anda rondando por algunos artículos y noticias. Consiste en culpar al Concilio Vaticano II. En considerar que el Concilio introdujo una nefasta flexibilidad, que los obispos y fieles se rindieron al progresismo (eso he leído) y de esa manera hemos terminado como hemos terminado. Que hay que volver a la rigidez, a la moral severa, legalista.

            El espíritu del Vaticano II (resumido en una frase que he leído en esos mismos artículos, para atacar frase y espíritu: “Más Evangelio y menos Derecho Canónico”) me parece no sólo nada errado, sino desafortunadamente olvidado. Deslegalizar la religión es siempre sano. Resulta obvio que la Iglesia Católica, desde el punto de vista institucional, precisa de un cuerpo jurídico para funcionar. Pero ese cuerpo jurídico no debe ir en contra de los principios que fundamentan (o eso se intenta) la Iglesia como asamblea de creyentes. Ni tampoco debe contaminarse la espiritualidad, la moral ni el compromiso social con normativas rígidas.

            Una cosa es estar a favor de una perspectiva religiosa más abierta, más cercana a los Evangelios, más compasiva, menos sentenciosa. Otra es ser idiota, irresponsable o perverso y dejar por ahí campando a pedófilos en campamentos para preadolescentes. No, culpar a las reformas del Concilio –aun de modo lejano- es de una ridiculez que llega a la mala fe. No sería ironía menor que este asunto terminara de sepultar al Vaticano II.

            Por último, ¿qué decir del silencio de los fieles de a pie, sacerdotes y laicos? No me refiero a los que hablaron, denunciaron, advirtieron. Hablo de los creyentes que hoy asisten a las noticias, que escuchan una reacción oficial cada vez más defensiva (mala señal; además, eso resta credibilidad cuando se niegan denuncias que son efectivamente falsas o incoherentes, que las ha habido y las habrá, como en todos los casos masivos de corrupción y abusos). Entre los que creen que todo lo que venga del Vaticano es el mal absoluto y los que consideran que cuanto haga el Papa es el bien total, hay un amplio espectro de sensibilidades. La mayoría guarda silencio.

            Sería presuntuoso por mi parte interpretar a la ligera ese silencio. Cada persona es un mundo. Es probable que algunos callen por vergüenza. Otros, por cansancio, o por desolación. Otros, porque crean que hablar no servirá de nada. O que sirva de algo, pero para mal. Quizás haya cristianos que no hablen por temor a que sus críticas se confundan o se usen contra la Iglesia.

            Si tal es el caso, se basa en un error de concepto. El pecado que está en el origen de este escándalo es un pecado personal e institucional. Criticar a la institución por sus fallos, por sus errores y por sus pecados no es atacar a la Iglesia. Es hacerle un servicio. Un obispo alemán, me parece que el titular de Friburgo, decía en un sermón hace unas semanas que no debemos idealizar a la Iglesia, formada por personas. Es cierto. Dudo que los fieles idealicen nada. Pero puede que algunos confundan la Iglesia asamblea y comunidad con la Iglesia institución. Ésta debe estar al servicio de la primera. Y cuando no funciona hay que advertirlo. Los creyentes, se ha hecho pedagogía sobre esto desde hace varios años, aunque nunca es bastante, deben tomar conciencia de que son la Iglesia, tanto como sus obispos. Y que denunciar a un obispo inicuo, corrupto, encubridor, es un servicio a la Iglesia. Sin caer en dramatismos, en histerias, ni en cazas de brujas. Con la cabeza fría.

            No me cabe duda de que muchos sacerdotes en el mundo encaran esta Semana Santa, angustiados, sin saber muy bien si hablar de esto o no a sus comunidades. Desde la óptica cristiana, las víctimas de esta historia son reflejo del crucificado. Los que encubren y guardan silencio, ¿de quién lo son?

Nota; imagen utilizada: “Cristo de San Juan de la Cruz”, de Salvador Dalí

noviembre 8, 2009

Aborto

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 11:08 pm
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Falso Senador Bob Dole: ¡Aborto para todos! (abucheos de la multitud) Está bien, entonces, ¡aborto para nadie! (más abucheos) Mmmmh… ¡aborto para unos, banderitas americanas para otros! (vítores) 

Los Simpson, “Ciudadano Kang”

 

            Decía un profesor mío de Filosofía del Derecho que una de las notas esenciales de la tragedia griega era presentar un conflicto, no entre el Bien y el Mal, sino entre dos potencias con argumentos razonables a favor de sus respectivas posiciones. Y que ese mismo enfrentamiento entre enfoques con porción de verdad se da con frecuencia en la vida ordinaria. El elemento trágico consiste en la radical imposibilidad de los contendientes para llegar a acuerdos, convencerse mutuamente, aceptar que el adversario no está tan equivocado.

            En pocas controversias sociales veo más claro este elemento trágico que en el debate sobre el aborto. Se dan ambas características: tanto los favorables como los opuestos al mismo están convencidos de andar en posesión de la Verdad Absoluta y ambos manejan argumentos suficientes como para perpetuar la pugna.

            El problema del aborto está conformado por cuestiones éticas, por convicciones morales, con o sin base religiosa, por regulaciones legales, por discusiones sociales y, en definitiva, por una no resuelta pregunta biológica. De este maremagnum me causa cierta simpatía la posición de los legisladores, porque, a fin de cuentas, quien tiene la última palabra es el Estado.

            Como aseveraba otro profesor mío, éste de Derecho Eclesiástico del Estado, tan socarrón y polemista como el primero, una de las virtudes del Derecho es su capacidad, al menos en principio, de enfriar los ánimos. Los tecnicismos, formalismos, procedimientos y la obligatoriedad de basar la postura propia en artículos legales y en decisiones jurisprudenciales ayudan bastante a impedir que el combate que se libra ante los jueces se convierta en un concurso de gritos. En cambio, en el Parlamento de cualquier nación los diputados se lo pasan de miedo pegando alaridos, sobre todo en cuestiones tan divisorias como la del aborto. Me propongo ser al tiempo político y jurista, expresar los argumentos que vuelan de una trinchera a otra y la posición (tibia, ambigua, escurridiza) que ha adoptado nuestro legislador, en su sabiduría.

 

           abortofavor Empecemos por el apartado legal. La Constitución de 1978 dice con rotundidad en su artículo 15 que todos tienen derecho a la vida. Dice más cosas, pero a los efectos de este escrito, no nos importan.

            “Todos” significa “todas las personas”. Cuando la Constitución emplea esa palabra da a entender (así lo ha determinado el Tribunal Constitucional, que es su supremo intérprete y, por tanto, lo que dice va a misa) que el derecho, libertad o facultad a la que se refiere no es exclusiva de un grupo determinado. Hombres o mujeres, ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros y cualquier dualidad que quiera ponerse a continuación. Cualquier persona. Estupendo. ¿Y quién es persona humana?

            En España, los artículos 29 y 30 del Código Civil se encargan de dar una definición de lo que el Derecho entiende por persona:

            Artículo 29: El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente.

            Artículo 30: Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.

            Cualquiera que no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 30 será considerado “criatura abortiva” y, por tanto, sin derechos ni capacidad jurídica en el terreno civil. Porque eso dice el precepto: “para los efectos civiles”. Empieza aquí la habilidosa tibieza del legislador.

            Una vez han transcurrido esas veinticuatro horas estipuladas, el niño goza de personalidad desde el mismo instante de su nacimiento. El plazo es una condición imprescindible, pero, una vez cumplida, los efectos se retrotraen hasta el mismo instante del nacimiento, habiendo discusiones entre los autores acerca de si éste se produce en el momento del parto o en el de rotura del cordón umbilical.

            Ahora bien, supongamos que en el instante en que la orgullosa madre recoge al fruto de su vientre de manos de una simpática enfermera, aparece un loco con un hacha (siempre hay menos locos con hacha de los necesarios), desencadenándose una matanza como Dios manda. Y en el transcurso de la misma, el loco del hacha hace picadillo al bebé. Es obvio que el niño ya no podrá vivir veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.

            Pero como ha declarado el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias (podría buscarlas, pero tampoco es esto un dictamen estricto), cuando estamos en el orden penal, el plazo del artículo 30 del Código Civil no tiene importancia. El loco del hacha ha cometido un homicidio, como mínimo. Tal vez incluso un asesinato. No voy ahora a meterme en sus distinciones. Ya lo explicaré cuando el lector tenga a bien invitarme a cenar.

            Entonces, se preguntará alguna ingenua criatura, ¿el Código Penal establece una definición tan clara de persona como el Código Civil? Pues no.

            El Código Penal se ha definido muchas veces como la Constitución negativa. Mientras la Constitución concede, reconoce o crea (según la ideología del consumidor) derechos y libertades, entre otras cosas, el Código Penal, a la cabeza de la legislación criminal, tipifica los más graves ataques contra esos derechos y libertades. Los ataques contra la vida humana son de los más graves. El Libro II del Código Penal de 1995, que contiene el catálogo de los delitos y sus penas correspondientes, comienza con la regulación del homicidio: homicidio, asesinato, provocación, conspiración y proposición para los dos anteriores, homicidio imprudente, inducción y cooperación al suicidio, eutanasia… y se acabó el primer Título del Libro II.

            El Título II tipifica el aborto (artículos 144 a 146). Aparte del homicidio. Podemos, por tanto, sacar esta conclusión indiscutible: legalmente, al aborto no es un homicidio, ni un asesinato; es un delito diferente, penado con mayor levedad.

            Todos los delitos, sin excepción, tipifican ataques contra lo que se denomina “bien jurídico protegido”. Partiendo de esta premisa, hay delitos en los que dicho bien es evidente y otros en los que la doctrina y la jurisprudencia aún discuten cuál es o si hay alguno en realidad. En el homicidio y sus variantes, el bien protegido es la vida humana. ¿Y en el aborto?

            Aquí empieza el debate serio. Porque si respondemos que el bien protegido es la vida humana no hay razón sistemática para colocarlo en un Título distinto. Y, ciertamente, los defensores a ultranza del aborto creen que no se protege la vida de nadie, sino la libertad de la mujer embarazada. Indudablemente, la libertad de la mujer está protegida: el artículo 144 castiga a quien produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento.

            Pero en el siguiente precepto se pena, con una sanción menos severa, la conducta de quien produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la Ley. Y en el apartado segundo del mismo artículo 145 se castiga, con más levedad aún, a la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la Ley. El 146 castiga el aborto por imprudencia.

            Por tanto, la siguiente conclusión inevitable es que el bien jurídico protegido en el aborto no es sólo la libertad de la mujer embarazada. Su libre consentimiento no tiene poder destipificador, sólo logra atenuar la reacción penal. Por tanto, tiene que existir otro bien protegido. Los adversarios a ultranza del aborto señalan como único plausible la vida humana. La verdad es que cierta razón no les falta.

            Sin embargo, el hecho es que aborto y homicidio son figuras diferentes, con una pena muy alejada la una de la otra. Un feto no es ni puede ser víctima de un asesinato. Y es que el Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión de que en el orden penal, como en el civil, es el nacimiento el que determina la personalidad. Sin las veinticuatro horas.

 

          abortocontra  Es éste buen momento para desempolvar el debate doctrinal. Porque en la cuestión del comienzo de la vida, cuatro han sido las posturas enfrentadas tradicionalmente. Por un lado, está la teoría de la concepción, postura defendida con firmeza desde el principio por el pensamiento judeocristiano mayoritario, según la cual existe un ser humano vivo e independiente desde el embrión. Justo delante, la teoría del nacimiento, que tiene diversas facciones, dependiendo de cuántas condiciones se pongan para considerar nacido al feto. En tercer lugar, la teoría de la viabilidad, para la cual, además de nacer y nacer vivo, el feto ha de gozar de las características necesarias para subsistir por sí mismo. Como cajón de sastre, las teorías eclécticas, que mezclan algunas o todas las posturas anteriores.

            Advierta el lector despierto que la tesis civil española es la del nacimiento, no la de viabilidad, pese al plazo de veinticuatro horas. Efectivamente, un feto viable, pero que muera por cualquier circunstancia antes de transcurrir el plazo legal no sería persona a los efectos del artículo 30. En cambio, un feto inviable, pero que cumpliera todas las condiciones de dicho precepto, incluido el transcurso del citado plazo, sí lo sería, aunque muriese un segundo después.

            Bueno, pues el Tribunal Supremo se muestra seguro en el terreno penal, tanto como en el civil: a partir del comienzo del nacimiento, deja de ser feto y se inicia su protección como persona. La doctrina española mayoritaria no cree que, en el delito de aborto, el feto sea el sujeto pasivo (es decir, la persona ofendida por el delito), sino el objeto material del mismo (como puede serlo, y lo digo a meros efectos explicativos, un caballo al que se rompa una pata para el delito de daños). Sin embargo, el Tribunal Constitucional afirma que el bien jurídico protegido es la vida del nasciturus, porque éste, aunque no sea persona, es un bien constitucionalmente protegido. Por así decir, se protege la esperanza de una futura persona.

            Leído el párrafo anterior, se ve que el legislador, los tribunales y los profesores no logran una solución plenamente coherente. El aborto consentido no implica la muerte de una persona, pero tampoco es un acto atípico que no lesione bienes jurídicos. Postura ésta que no convence ni a partidarios ni a detractores del aborto.

            En el Derecho comparado, resumiendo, existen tres grupos de legislaciones, según cómo enfoquen el problema. Algunos países sancionan el aborto en todo caso, aunque tampoco lo consideran un homicidio. Otros siguen el sistema de las indicaciones, es decir, se despenaliza el aborto consentido, en ciertas circunstancias y con ciertos requisitos, por motivos terapéuticos, éticos o eugenésicos. Por último, está el sistema de plazos, actualmente en el centro del debate en nuestro país, que permite el aborto consentido, con ciertos requisitos formales, dentro de los plazos que la Ley establezca.[1]

            El sistema español actual combina los dos últimos sistemas, con predominio del de las indicaciones, declarado constitucional por el Tribunal Constitucional. El artículo 417 bis del Código Penal anterior, subsistente, establece:

1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.

2.ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado.

3.ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada aún cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.

            El Constitucional, comentando el artículo, ha hecho ciertas precisiones. La gravedad del peligro y la necesidad del aborto, en la primera causa de despenalización, implican que no puede solucionarse el conflicto de ninguna otra forma y que el peligro ha de ser de una disminución importante de la salud y con permanencia en el tiempo; esto no obstante, es notorio que es la razón que más frecuentemente y con más éxito se alega.

            En cuanto al segundo motivo, el Tribunal ha declarado que obligar a soportar a una mujer las consecuencias de una violación es “manifiestamente inexigible”. Y por lo que se refiere al tercer supuesto, que “el recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia”. Todo esto en su Sentencia de 11-4-1985.

 

            Tal es el marco legal. Pero la legislación no es más que la respuesta por parte del Estado al debate social. No vaya a creer nadie que la Ley es la respuesta de la sociedad. Téngase en cuenta que sus señorías, los miembros de las Cortes Generales, no son los representantes de la nación, ni expresan la voluntad de la nación. No, no. Ellos crean esa voluntad, es decir, la voluntad del Estado. No es éste momento para discurrir sobre la distinción.

            En fin, es evidente que la legislación no ha solucionado el debate de fondo. Cuando los señores del Partido Popular claman que el Gobierno del PSOE saca a relucir el debate del aborto para desviar la atención de la actual crisis económica mundial aciertan en parte. Ninguna decisión de ningún partido es inocente. Sin embargo, cuando añaden que esta cuestión no preocupa a la ciudadanía, ni existe un debate interno, faltan clamorosamente a la verdad. En cuanto se agita un pelín la legislación penal en este punto, los bandos enfrentados cargan la artillería, pidiendo más aborto unos y menos o ninguno otros.

            Hay que reconocer que ambas facciones afilan bien sus palabras. Los favorables califican a sus adversarios de antiabortistas (o, con alegre desparpajo, “fascistas”). Digan en alto la palabra y verán lo áspero, lo duro, lo desagradable que suena. Los de ese bando caen mal nada más oírlo. Pero ese bando se autoproclama pro-vida. Repítase el experimento. ¡Ah, qué suave, qué hermoso, qué benévolo! ¡Cómo no vamos a estar de acuerdos con los defensores de la vida! ¡Mucho más si los de enfrente son “asesinos de bebés”!

            Unos y otros están de acuerdo, eso sí, en castigar el aborto forzado. Y en declarar atípico y merecedor de compasión el aborto sin intervención humana. Sin embargo, aun en estas posturas comunes subsiste la gran diferencia, la diferencia irreconciliable.

            Porque los proabortistas defienden la libertad de la mujer, mientras que los antiabortistas defienden la vida del feto. ¿Es así como está distribuido el campo de batalla, la libertad contra la vida? En mi opinión, esto es un error.

            Lo que falta en el debate sobre el aborto, lo que lo vuelve tan trágico (y, al tiempo, negramente cómico), es que nadie escucha al otro.

            ¿De verdad piensan los antiabortistas que sus rivales abogan por el exterminio masivo de niños? ¿De verdad piensan los proabortistas que sus adversarios son parte de una retorcida conspiración para mantener encadenada a la mujer?

            Es verdad que, históricamente, la lucha por el derecho al aborto está vinculada por la lucha a favor de los derechos de la mujer. Es verdad que si una mujer tenía veinticuatro hijos, a no ser que fuera muy muy rica, no tenía más remedio que quedarse en casa para cuidarlos, sobre todo porque el marido estaría, a no ser que fuera también muy muy rico, trabajando como un loco para mantener el rebaño. O emborrachándose con los amigos, que también pasaba.

            Es verdad que ciertas posturas, como la del actual magisterio de la Iglesia Católica, contraria tanto al aborto como a los anticonceptivos no abortivos despierta dolor de cabeza (ya me ocuparé de los anticonceptivos en otra ocasión).

            Ahora bien, estar a favor o en contra del aborto no es, en esencia, propio de la izquierda ni de la derecha, de católicos o de protestantes o de ateos, de hombres ni de mujeres. Se puede ser católico y estar a favor del aborto, ateo y estar en contra, ser un conservador burgués a machamartillo al grito de “nosotras parimos, nosotras decidimos” y un ortodoxo marxista que se opone con firmeza a la interrupción del embarazo.

            Porque la raíz de la cuestión es ésta y sólo ésta: ¿el feto, el embrión o el pre-embrión son seres humanos? Si respondemos sí, todo el mundo (salvo los nazis) estará en contra del aborto. Si respondemos no, todo el mundo lo aceptará, con más o menos reservas.

            Puede uno criticar que una pareja no tenga hijos, porque considere que es una actitud egoísta e inmadura y que tener hijos es una bendición de Dios o un deber para con la sociedad (o Dios). O puede considerar que es una postura muy legítima y respetable. O puede darle igual. En ningún caso se planteará el debate de si así se está impidiendo la vida de un nuevo ser humano, aunque, en la práctica, así sea. Pero nadie con dos dedos de frente planea obligar por decreto a la población a mantener relaciones sexuales ininterrumpidas para evitar el riesgo de dejar a algún niño sin nacer. Hasta el señor Gaspar Llamazares y Monseñor Rouco Varela estarán de acuerdo en eso.

            Es por eso que la actitud del legislador es ambigua, e incluso incoherente. Si se elimina una vida, castíguese como homicidio, con sus correspondientes eximentes y atenuantes. Si no se mata a nadie, que sea atípico, salvo cuando se viole la libertad de la embarazada.

            Sí, es ambigua, pero muy comprensible. Porque cuando la respuesta de la comunidad científica a la pregunta es su división entre los bandos en pugna, cunde el desánimo. Hay médicos proabortistas y antiabortistas por ideología. Algunos, sólo por ideología o creencia personal. Otros, influidos por ellas. Pero también hay biólogos que se atienen estrictamente a la ciencia y se muestran divididos.balanza2

            No me extraña que el Estado se sienta tentado por el sistema de plazos. Hay algo terrible y solemne en los plazos legales. Apenas un segundo separa radicalmente realidades casi idénticas. En muchas ocasiones los plazos parecen arbitrarios y sus consecuencias, absurdas, injustas, crueles. Pero tienen la virtud de la certeza. Dan seguridad. Son fríos y objetivos. En una cuestión tan espinosa, tan debatida y tan confusa, parecen una tabla en medio de un naufragio, aunque no por ello las olas y la tormenta dejarán de rugir. Y con razón.


[1] En realidad, el Proyecto de Ley que aún debe tramitar el Parlamento es una mezcla de ley de plazos y causas de despenalización. Así, hasta las 14 semanas, se puede interrumpir el embarazo libremente. Hasta las 22, sólo si hay grave riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto. Sin plazo, en el caso de que las anomalías del feto sean incompatibles con la vida o de enfermedad muy grave e incurable, previo dictamen de especialistas.

octubre 25, 2009

Leyes enjuiciadas

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            ¿Recuerdan la gran protesta que desfiló por las calles de Madrid, a su frente tres cardenales, contra algunas leyes promovidas por el actual Gobierno, en los primeros años de la anterior legislatura?

         manifestación   Ahora que la tormenta se ha calmado y que la sociedad, a lo que parece, no se ha autodestruido, no sería mala idea pararse un instante a reflexionar acerca de la misma, recordar esa protesta y, con tranquilidad, reflexionar si estaba o no justificada. Sin maniqueísmos ni dogmatismos. Partamos, antes, de unas cuantas ideas previas.

En primer lugar, la Iglesia, sus diferentes corrientes, sectores y miembros tienen todo el derecho a manifestarse y declarar públicamente sus opiniones. Y los obispos, también, por descontado. De hecho, a mí me gustaría ver al episcopado español más veces en la calle, mostrando su apoyo a causas en las que la discrepancia no se concilia con los valores evangélicos, tan básicas resultan. Me gustaría verles en manifestaciones promovidas por organizaciones y órdenes religiosas, por la misma Iglesia Católica en ocasiones, o de la mano de otras gentes, contra la pobreza, contra el hambre, a favor de una mayor justicia en las relaciones Norte-Sur. Me gusta menos verles en otras, porque creo que cometen un error, pero, en resumidas cuentas, cuestiono sus razones, no sus derechos.

En segundo lugar, el cruce de acusaciones e insultos acaecido después al acto, a medias litúrgico, a medias protesta social, fue lamentable. Lamentables las críticas del señor Blanco (actual Ministro de Fomento y entonces Secretario de Organización del PSOE), emplazando a la Iglesia a presentarse a las elecciones como un partido político o a no meterse en política. El señor Blanco se convirtió así en portavoz de una interpretación de la democracia que tiene mucho prestigio entre los propios partidos políticos: que la política es suya, sólo suya, y que nadie más puede opinar o criticar sus acciones.

Lamentables y exasperantes las palabras de gente afín a la manifestación, tachando al Gobierno y sus leyes de cercanas al nacionalsocialismo y de gente afín al Gobierno tildando a los obispos de filo-nazis. Esta buena gente demuestra así una ignorancia supina y una ligereza nada infrecuente a la hora de usar apelativos gravísimos. Deberían meditar un poco qué implica llamar nazi a otro, qué cosmovisión y qué práctica se agazapan detrás del vocablo “nazi”.

 

            La protesta de la Conferencia Episcopal y las plataformas y organizaciones que la apoyaron tenía cuatro objetivos principales: la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma del Código Civil que agiliza el divorcio y unas temidas reformas penales que legalizarían o suavizarían la proscripción de la eutanasia y el aborto. Me centraré en los dos primeros; no se pueden meter en el mismo saco que la reforma del aborto o de la eutanasia. Se esté a favor o en contra de las últimas, se trata de materias que tocan nada menos que la vida humana, el mismo concepto de vida y sus límites. No mezclemos debates.

            Así que vamos con el matrimonio homosexual y con el así llamado “divorcio express”. Para dejar clara mi posición desde el primer momento, ambas reformas me parecen razonables y dos de los aciertos del Gobierno en esa legislatura. Y no creo que puedan calificarse de reformas típicas de la izquierda; tampoco serían típicas de la derecha. El Partido Popular podría haberlas llevado a cabo perfectamente, sin contradicción con su línea ideológica. De hecho, un sector del mismo así lo manifestó, antes de ser silenciado por la disciplina de partido. Asunto distinto es el cálculo político de votos, que ha llevado al PP ha mostrarse en contra. Oh, y que nadie saque como conclusión de este párrafo que considero al PSOE un partido de izquierda.

            Bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es cierto, es un hecho histórico, que el matrimonio, no sólo en Occidente, ha sido considerado, de forma casi unánime, como esencialmente heterosexual; no ocurrió lo mismo con las diferencias de nacionalidad, raza o religión. Dependiendo de la época y del lugar, las legislaciones eran más o menos restrictivas.

            Sería muy largo exponer la historia del matrimonio y los porqués de este hecho. Sin embargo, que algo sea y haya sido así durante siglos o aun milenios no quita ni resta nada al mérito o demérito de ese algo. La idea, típicamente conservadora, de que una institución que ha permanecido a lo largo de los años posee cierta racionalidad intrínseca fue contestada en su momento por Marx, con el mordaz ejemplo de la esclavitud. ¿Vamos a defenderla por su larga permanencia? Mejor no.

            Sin embargo, no voy a meterme ahora a considerar si, desde un punto de vista moral, el matrimonio homosexual es lícito o ilícito. Porque la protesta iba dirigida contra una ley. Así que yo me pregunto, ¿la legislación que ahora tenemos, es correcta o incorrecta? Pienso que es correcta. Y me baso en el liberalismo para opinar así.

            No soy, ni mucho menos, un entusiasta liberal en materia económica. De hecho, miro al mercado descontrolado, libre de cualquier regulación, y a la mano invisible de Adam Smith con profundo recelo. Pero, en cambio, estoy muy de acuerdo con unos cuantos viejos principios liberales, que son una defensa constante contra el despotismo, sea estatal o privado. Y uno de dichos principios postula que el Estado, el Leviatán, el que tiene en su mano el monopolio de la fuerza, no debe restringir o negar derechos, salvo para evitar el daño de otros, para apoyar a los débiles.

            Una conducta nos puede parecer poco recomendable. O incluso una aberración. Pero, por muy inmoral que la consideremos, no tiene por qué ser ilegal, salvo que traspase la línea del daño. Las conductas prohibidas en Derecho, sea en el terreno civil, en el penal, en el laboral o en el administrativo, tienen (o deberían tener) siempre esa razón de ser: impedir el daño.

            Por eso creo que tanto una persona convencida de que el matrimonio homosexual es algo reprobable éticamente como una que considere que es algo tan respetable como el heterosexual podrían estar conformes con una legislación que permitiese un tal matrimonio.

            Porque, vamos a ver: ¿a quién hace daño que una pareja de lesbianas se casen? El Estado, aquí, se muestra neutral: que se case el que quiera. Ni obligamos ni prohibimos el matrimonio. ¿Es que los matrimonios entre heterosexuales se ven amenazados de algún modo? ¿Han dejado de producirse? ¿Es probable, es posible que dejen de producirse porque más personas tienen derecho a casarse? No parece. Sería tan absurdo como decir que, como los homosexuales pueden votar, el derecho al sufragio de los heterosexuales está en peligro.

            Habida cuenta de que el matrimonio homosexual no daña a nadie, sino que supone una opción de dos personas, con la que se puede estar o no de acuerdo, ¿qué razón hay para protestar contra el mismo? Hay quien se queja por la palabra, por la denominación. ¡Que se llame de otra manera! ¡Con los mismos derechos legales, con los mismos efectos ante los Tribunales! Pero con otro nombre. Las palabras importan.

            No es sorprendente que los grupos promotores de la reforma legal quisieran que el derecho fuera al matrimonio, no a una unión estable reconocida y amparada por la Ley. Porque las palabras son cruciales en ciertos asuntos. Porque que el Estado reconozca su derecho al matrimonio les coloca en la misma posición que el resto de las personas, que el resto de los ciudadanos. No desde un punto de vista estrictamente legal, sino desde un punto de vista social.

            Por consiguiente, la Iglesia (en la realidad, parte de ella) puede censurar los matrimonios homosexuales. Puede debatir, opinar, criticar y argumentar contra los mismos. Pero no puede, o no debe, criticar al Estado por haber reconocido un derecho que no daña a nadie, ni pone en peligro nada.

 

            El divorcio es algo más escurridizo. Pongámonos en antecedentes. En 1981 se reforma el Código Civil, permitiendo por segunda vez en la Historia de España (la primera fue durante la II República) el divorcio. Lanzando un rápido vistazo a la evolución del divorcio, a escala mundial, éste ha ido transformándose. El divorcio más antiguo y aún existente en muchos países, es el “divorcio-culpa”: uno de los cónyuges es declarado culpable del fracaso matrimonial, culpa que debe probarse, siendo el divorcio (y sus consecuencias económicas y familiares) la sanción. Vamos, el que hemos visto mil veces en series de abogados norteamericanas. Para evitar la aspereza y la mala saña que suelen traer con ellos estos divorcios, se pasó al divorcio consensual: los cónyuges llegan a un acuerdo y el matrimonio se disuelve. Como no siempre se da esa armonía conyugal, surge el tercer tipo, el “divorcio-remedio”: el matrimonio ya está muerto y lo único que hace el divorcio es verificar esa realidad, sin necesidad de buscar culpables, dejando las decisiones en manos del Juez cuando no hay acuerdo entre los cónyuges.

            Uf, cuánta palabrería jurídica. Aún queda un poco de eso. La reforma de 1981 establecía un sistema basado causas tasadas, cuando no había acuerdo. Si uno de los cónyuges quería el divorcio y el otro no, éste sólo se obtenía si se probaba la existencia de alguna de las causas que establecía la Ley. No era en realidad el sistema de la culpa (salvo en una causa concreta), sino que exigía la previa ruptura de convivencia y el transcurso de unos plazos, diferentes dependiendo de las circunstancias. Tampoco vamos a embrollarnos con los detalles.

            En 2005 entra en vigor una nueva reforma, que borra el sistema de causas. El divorcio se logra a instancias de ambos o de uno de los cónyuges, pasado cierto tiempo desde el matrimonio (tres meses). Punto. Luego vendrán todas las discusiones sobre la custodia de los hijos, la cuestión económica y demás. Pero la disolución del vínculo matrimonial se logra siempre y con facilidad. No pocos autores han señalado las similitudes de este sistema con el romano clásico, basado en la falta de afectio maritalis: desaparecida la misma, el matrimonio había muerto.

 

            ¿Por qué la Iglesia protestó en su día y protesta ahora? Cierto, el Derecho Canónico establece la indisolubilidad del matrimonio canónico. El Estado no lo discute. Reconoce el derecho de las confesiones religiosas a organizarse internamente y a que sus fieles sigan sus preceptos. Más aún, en el caso de la Iglesia Católica, concede efectos civiles, estatales, a ciertas decisiones de autoridades eclesiásticas (tampoco voy a detenerme en esto ahora).

            Pero el Estado regula el matrimonio civil, al margen del canónico. ¿Podría haber copiado la legislación canónica o, directamente, haberse remitido a la misma? Por supuesto. En el pasado lo hizo. Pero eso no sería propio de un Estado liberal y aconfesional, que debe legislar para todos los ciudadanos, sean cuales fueren sus creencias religiosas. Aun en el caso de que en España hubiese un mínimo porcentaje de no católicos, incluso aunque hubiera unidad religiosa completa, haría mal el Estado copiando la legislación canónica.

            Una vez más, el Estado no obliga a casarse ni a divorciarse. Sólo da la posibilidad de contraer matrimonio y de romperlo, ya que, para el Estado, no tiene carácter sacramental. Ay, amigo, pero aquí la argumentación es más peliaguda.

            Decíamos antes que el matrimonio homosexual no hace daño a nadie. ¿El divorcio sí? Según ciertos sectores, en efecto. El matrimonio, argumentan, es la base de la familia, que a su vez es la base de la sociedad. Si no protegemos el matrimonio, ponemos en grave riesgo la familia y si ponemos en riesgo la familia, ponemos en peligro la mismísima estructura social. El divorcio es un ataque directo al matrimonio y, cuanto más rápido y sencillo resulte, con más dureza se atenta contra la familia.

            Esta concepción parte de una idea básica: que el matrimonio es algo esencialmente bueno, aunque pueda corromperse. Por tanto, al margen de discusiones teológicas, el Estado debe blindar el matrimonio, bien mediante la eliminación del divorcio, bien mediante el establecimiento de un sistema que busque la reconciliación antes que la disolución y que exija estrictos requisitos para lograr la última. De lo contrario, estaremos dando alas a la ligereza, a la irresponsabilidad, a la cultura del todo vale y del mínimo esfuerzo.

            Pero otros parten de una concepción diferente. El matrimonio puede ser tanto algo bueno como algo malo. Un matrimonio puede ser espantoso para uno o para ambos cónyuges. Un matrimonio puede fracasar. Los esposos pueden dejar de amarse. Pueden suceder mil cosas. ¿Debe la Ley imponer a los cónyuges la obligación de salvar su matrimonio a toda costa? Eso no es asunto de la Ley, desde la posición clásica liberal, que yo comparto para buena parte de la vida íntima. Los cónyuges son los primeros interesados en que su matrimonio funcione. Si no lo consiguen, o no quieren, ¿a santo de qué lastrarles con farragosos procedimientos, pruebas y procesos legales?

Un matrimonio no se salva por la intervención del Derecho. Cuando el Derecho de familia entra en juego, suelen decir con ironía los abogados, ya no queda mucha familia de la que ocuparse. La Ley no repara matrimonios. La experiencia nos dice que los divorcios largos, complejos, son más traumáticos y amargos. Una vez tomada la decisión, cuanto más limpio y sencillo sea el proceso, mejor. Asunto diferente es que los cónyuges deban tomarse en serio tanto el contraer matrimonio como el romperlo. Asunto distinto es que sus convicciones religiosas o morales les interpelen, exigiéndoles un mayor esfuerzo o un mayor compromiso. Ese terreno no es el del Derecho.

 

Así que, en mi humilde opinión, se equivocó la Conferencia con sus críticas a estas dos leyes concretas. Mezcló Moral y Derecho y cedió en parte a la vieja tentación que tenemos todos de querer imponer nuestra visión con la fuerza de la Ley. Hay que ser muy cauto con el Derecho, que es fuerza organizada. Y si esa imposición es hasta cierto punto inevitable, ya que la neutralidad política pura es imposible, en ciertos aspectos de la vida, cuanto menos prohíba y mande la fuerza, mejor.

octubre 12, 2009

El Asunto Polanski

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         polanski   Escribo mientras Roman Polanski sigue en prisión preventiva, allá en Suiza, esperando la decisión de los jueces acerca de su extradición hacia California. Su detención fue portada durante varios días en la prensa y ha provocado bastante revuelo. Podría haber escrito entonces. O podría esperar al siguiente acto de este proceso. Pero no, escribo ahora. De esta manera los hechos son ya conocidos por todos, de modo que no es necesario repetirlos y existe incertidumbre sobre el futuro, lo cual tiene más gracia.

            Este Asunto Polanski (podría ser un título nada original para los libros que sin duda se están escribiendo e incluso para un par de documentales y una miniserie televisiva) ha sido hasta el momento muy entretenido. Se puede estudiar desde distintas perspectivas, a cual más interesante.

            Está, en primer lugar, el aspecto jurídico. Es, dentro de lo que cabe, el menos polémico. Los fiscales, abogados y jueces deberán ganarse el sueldo; seguro que se están haciendo filigranas legales. Pero, en definitiva, es un asunto de Derecho. No voy a profundizar en él por falta de conocimiento. Ignoro por completo las leyes penales suizas y californianas, la incidencia de la doble nacionalidad franco-polaca del detenido, los Tratados de extradición que existan entre Estados Unidos y Suiza. Algo de eso se ha publicado en la prensa, pero la experiencia me ha enseñado a desconfiar de los conocimientos jurídicos de los periodistas.

            Supongamos, sin embargo, que el señor Polanski es efectivamente extraditado y llevado ante un tribunal californiano. Se abre aquí otro debate, en parte legal, en parte de política criminal. ¿Tiene sentido imponer una pena por un delito cometido hace tres décadas a un hombre que desde entonces, que se sepa, no ha infringido ninguna ley, que no ha hecho daño a nadie y que se encuentra totalmente integrado en la sociedad? Es un asunto más peliagudo de lo que parece.

            Desde una perspectiva exclusivamente retribucionista, kantiana, tiene todo el sentido del mundo. El señor Polanski delinquió y evitó la sanción legal. Que hayan pasado tres días, tres lustros o tres décadas carece de importancia. Teniendo en cuenta la diferente magnitud de los crímenes, ¿cuánta gente protestó cuando los nazis que habían huido a Sudamérica fueron detenidos y procesados? Y eran ya hombres ancianos, con nuevas vidas.

            La magnitud del delito es relevante. El crimen del señor Polanski no llega al nivel del Holocausto, pero tampoco fue baladí. Ahora, sería racional considerar que el Derecho Penal tiene poco que decir a estas alturas. Que no existe alarma social. Que no se lograría con ello ni satisfacer la prevención especial (esto es, que el señor Polanski no pueda cometer nuevos delitos) ni la general (evitar que otros cometan delitos ante el temor de acabar como el señor Polanski). Que los fines de reinserción se frustrarían al encarcelar a este hombre. Y como el Derecho Penal tiene fines tanto retributivos como preventivos y resocializadores, no hay una solución clara.

            También es cierto que Polnaski tuvo una cruel infancia. Que el salvaje asesinato de su esposa y de su hijo no nato fue terrorífico. Aspectos que un tribunal debe tener en consideración. Un tribunal. En un proceso.

            Sin embargo, el coro de críticas y quejas que arremetió contra la detención no argumentaba nada de lo anterior. Los cineastas e intelectuales europeos (sobre todo) que firmaron un manifiesto a favor de Roman Polanski no apelaban a ninguna razón jurídica, política, humanista o de misericordia. No. Censuraban la detención de un artista. Casi denunciaban el retorno de la Inquisición en cualquiera de sus variantes.

            A mi me gustan mucho las películas del señor Polanski. Me parece un cineasta genial. Un gran artista. Pero eso no le exime de responsabilidades legales, éticas o morales. Semejante argumento es de una necedad y una arrogancia acojonantes. Estupendas personas serían pésimos artistas y estupendos artistas pueden ser pésimas personas. El arte no es moral ni inmoral, como ya dijo Oscar Wilde. Pero los actos sí. Así que los aullidos de ese sector de la inteligencia continental son vergonzosos. Ha sido una mezcla de pataleta infantil, corporativismo infame y demostración de un sentimiento de superioridad sobre los meros mortales.

            Puedo entender que los organizadores del Festival de Cine durante el cual se produjo el arresto anden un tanto cabreados. Pero no que se eleve a grado de afrenta que el arresto se haya llevado a cabo durante un Festival, como si tales acontecimientos fueran una especie de limbo, donde las leyes resultan inaplicables.

            Hay, por último, el aspecto tenebroso. Un aspecto que, con justicia, se han planteado los periodistas. ¿Por qué ahora, esa detención? El señor Polanski ya había visitado Suiza varias veces. Tiene una casa nada pequeña en uno de sus cantones. Se ha recordado que no hace muchos meses las autoridades federales estadounidenses y el poderoso banco suizo USB, con el gobierno helvético entre medias, pusieron fin a un crispado combate sobre varios miles de cuentas amparados por el secreto bancario. Cuentas usadas por súbditos estadounidenses para defraudar a Hacienda. ¿Es esta sorpresiva detención una especie de moneda de cambio?

            La Secretaría de Estado de Obama estará haciendo horas extra, porque dos de sus socios europeos, Francia y Polonia, han protestado al más alto nivel. Los franceses, en especial, llevan muy mal que otras justicias metan la mano en los suyos. El Ministro de Cultura Mitterrand (que tiene ahora una polémica de cosecha propia) hizo unas declaraciones muy poco sutiles e incluso dejó entrever que el todopoderoso Presidente Sarkozy estaba molesto. Estados Unidos busca recomponer lazos con Francia, en especial para hacer un frente común ante Irán. Y el Gobierno polaco (el pueblo polaco es otro asunto) no está muy feliz con la decisión de desmantelar el famoso escudo antimisiles. Se siente desplazado a favor de Rusia. Por supuesto que el señor Polanksi no será un obstáculo serio para las relaciones internacionales. Al fin y al cabo, los hombres de Estado tienen el corazón en la cabeza. Pero tener a los amigos lo menos irritados posible siempre es una buena línea de acción diplomática.

            Por eso me gustaría tanto saber qué se mueve tras la cortina. Los jueces suizos y estadounidenses, en teoría, son independientes, no sometidos a los intereses de los Gobiernos respectivos o extranjeros. Pero, claro, como jugadores políticos que son, entrarán en conflicto. Embajadores, jueces, presidentes, ministros, fiscales, agentes diplomáticos… No me digan que no merece la pena.

            Y Polanski, en su celda, como una mosca en una tela de araña. Será justo encarcelarlo o no, pero es difícil no sentir cierta empatía por él, en estos momentos.

agosto 17, 2009

Argumentaciones

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 6:21 pm
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       diputados     He terminado no hace demasiado dos espléndidos ensayos. Dos libros escritos con décadas de diferencia; que he leído, uno tras otro, por pura casualidad; y que se oponen y complementan, pese a ello, magníficamente. Uno de ellos, escrito por Hans Kelsen. Cuando a un estudiante de Derecho se le menciona ese nombre, se le ponen los pelos como escarpias, esté de acuerdo o no con sus teorías jurídicas o políticas. El otro lo firma Antonio García-Trevijano, jurista a quien no conocía hasta ahora. Un rival más que digno.

            Son dos ensayos de diferente longitud, de diferente estilo, de diferente posición, ante un mismo problema: el de la democracia. Son dos pensadores que se dicen demócratas. Y, sin embargo, sus posiciones resultan irreconciliables. Porque Kelsen, en su De la esencia y valor de la democracia se muestra firme partidario del parlamentarismo (con reformas) en su actual configuración del Estado de partidos. Y García-Trevijano, en Frente a la Gran Mentira, asegura que ese Estado de partidos no es ni puede ser una democracia.

            Kelsen y García-Trevijano tienen ciertos puntos de acuerdo. El más relevante, la diferenciación clara de la democracia formal de la llamada “democracia social”. Ambos advierten contra un error frecuente: confundir la democracia con una ideología política que busca la igualdad social y la libertad civil. Un error que lleva de moda en el lenguaje político muchísimo tiempo.

            Cuente, si no, el lector, las veces que nuestros ilustres padres de la patria usan el adjetivo “democrático” al día. Si algo es bueno, es democrático. Las actitudes deben ser democráticas, las opiniones deben ser democráticas, la sociedad es democrática, los hombres, los planes, los proyectos, las discusiones y el talante. Como nos descuidemos, los menús del día serán democráticos. Lo más estúpido que he llegado a leer es que la familia ha dejado de ser patriarcal para ser democrática. En realidad, quiere decirse que, afortunadamente, la familia ya no es patriarcal y que los cónyuges están en igualdad de condiciones. ¡Ah, claro! Igualdad y otredad y ranas con sombreritos estrafalarios: democracia. Blanco y en botella.

            Pero la democracia, siendo rigurosos, no es una ideología política. La democracia no trata de igualdad entre sexos o razas, libertad de prensa, de religión o de expresión. Por usar una frase de García-Trevijano la democracia se encarga “del gobierno de las leyes, no de las leyes del Gobierno.” La democracia es un sistema de organización. ¿De qué? De las relaciones entre los poderes del Estado y de la convivencia entre el Estado y la sociedad civil. En eso, insisto, Kelsen y García-Trevijano están de acuerdo. En poco más.

 

            Basta con leer los títulos de ambos ensayos para calibrar el tono de cada uno. Kelsen es frío, argumenta con tranquilidad, sus argumentos se desarrollan con mecánica precisión. Cuando uno acaba de leer, al menos durante un buen rato, no encuentra fallos en la maquinaria que ha desplegado ante nosotros.

            García-Trevijano es, al contrario, agresivo. Mordaz. Divide su ensayo en dos partes. Uno para desvelar lo que denomina (con dramatismo no infundado) la Gran Mentira y su historia, desde la Revolución Francesa hasta la Europa contemporánea. La segunda, para desarrollar su teoría pura de la democracia. Es riguroso. Pero donde Kelsen escribe con la profesionalidad seca de un letrado, don Antonio clama como un censor indignado.

            En el profesor alemán, ¿qué encontramos? La defensa del Parlamento en época de la República de Weimar. Es un alegato en pro del régimen existente en la Alemania de entreguerras, un escudo intelectual frente a los embates del bolchevismo y del fascismo. La sombra nazi empezaba a extenderse.

            Así, nos encontramos con la imposibilidad de una democracia directa, por razones demográficas y de división de trabajos obvias. Con un pueblo que no es un cuerpo demasiado homogéneo. Con los partidos políticos como los únicos capaces de reconducir a las masas sociales dentro del sistema estatal. Los partidos políticos son el centro de la tesis de Kelsen. Son ellos, mediante unas elecciones libres, con sufragio universal y un sistema proporcional de escrutinio, los que, en sede parlamentaria, pueden representar lealmente al pueblo, a la nación, sin estar sujetos a un mandato frente a sus electores.

            Tenemos así al poder legislativo formado por diputados encuadrados en grupos que aplican la disciplina de partido para impedir que la individualidad de los parlamentarios les haga traicionar las tesis e ideas que el partido votado defiende. Tenemos la regla de la mayoría-minoría, según la cual la minoría no puede ser despreciada ni arrasada por una mayoría que puede no serlo mañana. Una minoría que debe tener a su alcance mecanismos en el procedimiento de elaboración de leyes que obligue a la mayoría a pactar con ella. Pacto, compromiso. Ahí ve Kelsen la esencia de la democracia. El Parlamento es heterogéneo, porque la sociedad es heterogénea y sólo si todos los intereses son escuchados y negociados las leyes son adecuadas.

            Frente a esta posición tan armónica de Kelsen, ¿qué es García-Trevijano? La crítica más feroz al Estado de partidos. Un sistema que califica de oligárquico, corrupto por necesidad y hondamente antidemocrático. Ataca la línea de flotación del Parlamentarismo que defendía Kelsen: los partidos como órganos esenciales del Estado democrático. Para el español, esto implica que el Estado se convierte en una “partitocracia”, donde una casta concentra el poder público, donde la Constitución impide que cualquier otro que no pertenezca a esa clase gobernante pueda ejercitar el poder. Esos Estados (España entre ellos) no son democracias.

            García-Trevijano advierte que un sistema en el que existan libertades civiles y públicas no tiene que ser un sistema donde se garantice la libertad política. La democracia es el único sistema que garantiza tal libertad, aunque ésta, por sí misma, no implica los derechos liberales o sociales.

            Trevijano afirma que, sin separación de poderes, siguiendo la impresionante obra de ingeniería institucional de Montesquieu, no hay democracia. Y que el parlamentarismo garantiza, justamente, la dependencia de poderes. El Parlamento elige al Gobierno. Por lo cual, o bien el Legislativo manipula al Ejecutivo, o bien es un títere del Gobierno. Hay interdependencia, no separación.

            Tal es la raíz de los males. Un Estado sin poderes independientes no puede ser un Estado con un Gobierno constitucional de las leyes, un Gobierno representativo, un Gobierno responsable, presupuestos de la democracia.

            Kelsen asegura que sólo así se garantiza la soberanía popular: de lo contrario, si el Presidente del Gobierno fuere elegido directamente, no podría ser representante de la nación, sino sólo de sus votantes. Mientras que el Parlamento representa a todos: así, un Gobierno elegido por la asamblea, también representa a la nación.

            García-Trevijano, por el contrario, defiende que de ese modo sólo se consigue el totalitarismo del partido mayoritario que posee, de un golpe, al ejecutivo y al legislativo. El Parlamento no puede controlar al Gobierno. Porque son los líderes de los partidos quienes forman las listas electorales y, mediante la férrea disciplina interna, se aseguran un voto en bloque. Gobierno de un partido apoyado en la mayoría de ese mismo partido. O de una alianza de partidos, tanto da. Porque los partidos no representan, dice Trevijano, más que los intereses de sus líderes, ya que ellos mismos, en su estructura, no son democráticos, sino autocráticos. Y si, además ambos poderes seleccionan la alta jerarquía de la judicatura, apaga y vámonos.

        congress    Ambos, lógicamente, se sirven del mismo ejemplo para defender sus posiciones. Kelsen rechaza la República presidencialista de Estados Unidos. García-Trevijano la pone como modelo de auténtica democracia formal, institucional, aunque no perfecta.

 

            Animo con entusiasmo a la lectura de ambos ensayos. Aquí no he hecho más que una aproximación. Las argumentaciones son más complejas, más sutiles, más inteligentes. Ambos textos me han hecho reflexionar. En algunas cuestiones estoy más cercano a Kelsen, en otras a Trevijano. Cada cual sacará sus conclusiones.

            Hay que tener en cuenta, eso sí, el contexto. Kelsen escribe a favor del recién nacido. García-Trevijano, contra una criatura que lleva desde los años cuarenta campando por Europa y desde finales de los setenta en España.

            Las tesis de Kelsen son las defendidas por la gran mayoría de los políticos, teóricos y prácticos, de nuestros días. La denuncia de Gracía-Trevijano es, en cambio, hondamente subversiva para el sistema constitucional vigente.

            Y esto no son elucubraciones sin objeto. Afectan al núcleo de la cosa pública, del Estado, de la sociedad en la que vivimos. Nadie puede (o nadie debería) ser indiferente ante este debate. Ni la defensa ni la voz crítica pueden ser ignoradas. Nos lo advirtió Arnold J. Toynbee: El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan.

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