Con un vaso de whisky

enero 23, 2016

Carlos I entra en el Parlamento

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 12:17 pm
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            El 4 de enero de 1642 Carlos I de Estuardo, Rey de Inglaterra, penetró en la Cámara de los Comunes, con una fuerza armada, para arrestar a cinco miembros del Parlamento. Este gesto ha quedado en la Historia y la mente colectiva inglesas como un hito. La Guerra Civil inglesa acabó con las fuerzas del Parlamento derrotando a las reales; el mismo Carlos fue juzgado (en un juicio ciertamente polémico, entonces y ahora), condenado y ejecutado. Desde entonces y hasta hoy, el Rey (o Reina) de Inglaterra (del Reino Unido, tras el Acta de Unión) no puede entrar en el Parlamento sin permiso. Permiso que sólo se le concede una vez al año. Al llegar, se le permite acudir a la Cámara de los Lores. Un ujier acude hasta los Comunes y, tras golpear tres veces las puertas que forzaron los soldados de Carlos I y obtener paso, comunica el ruego de Su Graciosa Majestad: que los Comunes consientan en acudir para, junto a los Pares, escuchar el discurso del monarca (que, en verdad, es el del Gobierno).

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            Esto es protocolo, rito y forma. Puede parecer un tanto exagerado. Los británicos, desde luego, se burlan en parte de ello, como se burlan en parte de todo lo británico. La burla, sin embargo, no borra el significado del acto: la plasmación de la primacía del Parlamento sobre el Rey. O sobre el Gobierno.

            Todos los Parlamentos que han ido surgiendo, tras revoluciones, guerras civiles, pactos obtenidos con sangre, esfuerzo y miseria humana, han procurado establecer barreras de protección para sus miembros. La base del sistema de separación de poderes, de pesas y balanzas, es la desconfianza. Los poderes del Estado desconfían unos de otros. La sociedad civil desconfía del Estado. El Estado desconfía de los poderes privados. Es un sistema que siempre está a punto de volverse paranoico, porque la alternativa es la confianza ciega en alguno de sus componentes.

            El sistema parlamentario español no es una excepción. El artículo 71 de la actual Constitución dice:

  1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
  2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
  3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
  4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

            Este artículo establece unas cuantas garantías (o privilegios, según se mire) para los Diputados y Senadores. No me voy a meter en cuestiones tales como al aforamiento ante el Supremo o la capacidad de las Cortes de fijar su propio presupuesto. Me interesan más los primeros apartados. En concreto, el segundo. Y, concretando aún más, la cuestión del parlamentario imputado (ahora, investigado).

            Si consideramos que el ser humano es un ser responsable como regla general (lo cual daría para unos cuantos volúmenes de debate entre filósofos, antropólogos, sociólogos y biólogos), podemos señalas tres círculos de responsabilidad personal: la moral, la política y la legal. Estos círculos no son coincidentes. Cada cual tiene sus propias normas, sus propios mecanismos de control y de exigencia de responsabilidades. En ocasiones, pueden solaparse, en otras, ser ajenos y, en fin, pueden chocar. El conflicto sobre si obedecer a la moral, a la política o a la ley es tan viejo como las tragedias griegas.

            Pongamos que un acto sea inmoral (dejemos, en aras de poder avanzar, otra discusión secular más, el relativismo contra el objetivismo moral). Pongamos que ese acto es también, desde un punto de vista político, digno de censura. Pongamos que es, en fin, ilegal. Y que dentro de la ilegalidad, es criminal. Bueno, hemos cantado bingo. Claro que los bingos no son tan habituales. Puede que un acto despreciable se quede en la frontera moral. O en la política.

            Desde hace varios años escucho a mucha gente proclamando que, aunque lo que haya hecho X no sea un delito, es una vergüenza y debería dimitir de sus cargos públicos. Puede ser. Habrá que ver el caso concreto. En líneas generales, prefiero una cultura política (y social) donde la gente que está en lo público (y, también, según de qué hablemos, en lo privado) sepa que no existe mucha tolerancia para deslices. Sé que esto puede dar lugar a una corrección política sobredimensionada. No estoy poniéndome absoluto, sino tendencial; pero prefiero un país donde un ministro deba dimitir por haber copiado en su tesis doctoral que uno donde el compadreo infame sea la norma.

            Para atajar ese compadreo, también desde hace años, vengo escuchando, con machacona insistencia, que todo cargo público y, desde luego, un parlamentario, que esté imputado (ahora investigado) debería dimitir de inmediato. Pues bien, eso, creo yo, sería un flaco favor al parlamentarismo, a la transparencia y a la democracia.

            La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé un procedimiento especial cuando en un proceso penal puede estar implicado un Diputado o Senador. Está regulado en los artículos 750 y siguientes. En realidad, la mayor especialidad es que, antes de detener o procesar a un parlamentario es necesaria la autorización de la Cámara a la cual pertenezca. El instructor del caso (que en el caso de las Cortes Generales es un Magistrado del Tribunal Supremo) debe pedir esa autorización mediante lo que se denomina “suplicatorio”. Y si la Cámara no lo concede, la causa contra el Diputado debe ser sobreseída.

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            Antes de llevarnos las manos a la cabeza, este procedimiento tan restrictivo tiene un origen histórico muy claro. Buscaba proteger a los parlamentarios, varios o muchos poco afectos a los monarcas y sus gobiernos, de las actuaciones de la policía y de una magistratura que, en aquella época, solía ser muy adicta a dicho monarca. Para evitar que lo que las elecciones habían conseguido desapareciera bajo detenciones y atestados.

            Los tiempos no son iguales, sin duda. Sin embargo, el peligro, por otra vía, permanece. Porque cuando a un juez instructor le llega una denuncia contra un individuo lo primero que hace es imputarlo (hay cierto debate sobre si el término “procesar” del artículo 750 significa lo mismo que “imputar”; creo que mayoritariamente se entiende que así es). Y esto se hace porque lo marca la ley y como medio de protección. Desde luego, a mí no me gustaría ser un investigado en una causa penal. Pero me gustaría mucho menos que se me investigase en una causa penal sin que me dieran ese estatus. Porque con él, vienen los derechos: a ser defendido por abogado, a presentar o pedir documentos, testigos y cuantas diligencias sean adecuadas, a tener conocimiento de absolutamente todo lo que ocurre en la investigación, a no tener que contestar a ninguna pregunta si no quiero, etcétera, etcétera. Y es, como digo, algo inmediato. Incluso si el instructor está convencido de que la persona contra la cual se ha presentado la denuncia es inocente o considera que no hay pruebas serias contra ella, tiene que imputarla.

            Ahora, pensemos lo que sucedería si eliminamos las protecciones que la ley da a los parlamentarios. E imponemos como regla, escrita, en la ley, en los Reglamentos de las Cortes, que cualquier parlamentario investigado debe dimitir de inmediato. Y en los parlamentos autonómicos, lo mismo. Qué demonios, metamos a los concejales en el mismo saco. Dimisión inmediata, obligada, por ley. Igual soy un pesimista, pero me da que al día siguiente habría cientos de denuncias a lo largo y ancho del país. Cientos de imputaciones. Y cientos de escaños vacíos. La objeción de que esto sería sólo para casos de corrupción (en cuyo caso habría que definir muy bien de qué delitos específicos estamos hablando) no soluciona gran cosa, aunque daría una monótona uniformidad a las denuncias y querellas que se presentarían en masa.

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            Es verdad que esta advertencia es propia de quien no confía en la buena fe del juego político. Como ya he dicho, la desconfianza es imprescindible en un régimen de pesos y contrapesos, como debería ser el parlamentarismo actual. También es verdad que no hay nada que no pueda corromperse y que estas garantías, perversamente empleadas, puede favorecer una escandalosa impunidad. Sin embargo, contra un parlamentario corrupto protegido por sus corruptos compañeros siempre está la posibilidad de retirarlo del escaño… aunque la ley electoral, en este punto, puede ser más un escollo que una ayuda. Éste es, sin embargo, otro debate.

            Pero no me digan que la solución es dejar entrar en la Cámara, de tapadillo, a los esbirros de Carlos I o de mil y un caciques para purgar a los no adictos. Porque, si es así, ¿para qué diablos queremos un Parlamento?

 

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