Con un vaso de whisky

mayo 20, 2011

El artículo 21 y la Puerta del Sol

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 11:51 am
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            NO ES INTENCIÓN de este escrito examinar ni las raíces ni las consecuencias del ahora llamado movimiento del 15 de Mayo. No intenta realizar una análisis sociológico, político (en ninguna de las acepciones del término), ni, mucho menos, electoral. Pretende tan solo examinar, siquiera brevemente, ciertos aspectos jurídicos relacionados con las concentraciones que estos días se han producido en Madrid y en otras ciudades. Jurídicamente, lo repito. Del mismo modo, mis opiniones particulares sobre dicho movimiento y las respuestas que el mismo está provocando, favorables y adversas, quedan fuera de su objeto, por irrelevantes, sean las que sean.

            El primer punto que debemos plantear (no resolver) es si estas concentraciones se encuentran dentro de la legalidad.

            En cuanto al primer punto. He visto en varios carteles de los acampados citar el artículo 21 de la Constitución de 1978. Siendo estrictos, se cita su apartado primero, que dispone: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

            Esto es indiscutible: ninguna reunión de las previstas en dicho artículo precisará en ningún caso autorización de los poderes públicos. Lo repite asimismo el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 9/83. Ahora bien, este mismo artículo 21 consta de un segundo apartado, el cual establece: En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

            Aun cuando no existe una definición legal concreta de “reunión en lugar de tránsito público” ni de “manifestación” suele atribuirse a ésta última el carácter de una reunión en lugar de tránsito público en movimiento, no estática. Ciertamente, a las concentraciones de Madrid y otras ciudades se las puede calificar como de “reuniones en lugar de tránsito público”.

            La Ley Orgánica 9/83, reguladora del Derecho de Reunión, ya citada, circunscribe, en sus artículos primero y segundo, su ámbito objetivo. El artículo 1 dice así:

            1. El Derecho de Reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.

            2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

            3. Son reuniones ilícitas las así tipificadas por las Leyes Penales.

            En su artículo 2, al que me remito, lista los supuestos en que el ejercicio del derecho de reunión no está sometido a la L.O. 9/83. Las concentraciones estudiadas se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta normativa.

            El derecho de reunión se extiende, subjetivamente, tanto a los ciudadanos españoles como a los extranjeros. Desconozco en detalle la composición de los concentrados, pero, en cualquier caso, no puede ser ésta motivo para prohibir o rechazar las concentraciones. Ahora bien, ningún derecho reconocido en nuestra Constitución es ilimitado. Esto ha sido repetido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El derecho de reunión tiene, por tanto, también sus límites.

            El tenor literal del artículo señala los límites más importantes: la reunión ha de ser pacífica y sin armas. Además, debe ser lícita. Veamos.

            El artículo 5 de la L.O. 9/83 señala:

            La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

  1. a.      Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes Penales.
  2. b.      Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.
  3. c.       Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

            Tales resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista.

            La ilicitud penal de una reunión o manifestación obliga a una remisión a los artículos 513 y siguientes del Código Penal. El primero de dichos preceptos establece:

            Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración:

  1.       Las que se celebren con el fin de cometer algún delito.
  2.     Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso.

            Vemos cierto solapamiento entre las normas, por otro lado razonable. El Tribunal Constitucional y la doctrina han establecido que una reunión o manifestación no puede calificarse de pacífica si tiene fines violentos, si se cometen actos de violencia durante su desarrollo, cualesquiera que fueran sus fines, o si tiene como propósito o en la misma se produce la defensa o la apología de acciones violentas. Debiendo tenerse en cuenta la jurisprudencia que existe en torno a la apología y la libertad de expresión garantizada en el artículo 20 de la Constitución, así como el artículo 18.1, párrafo segundo, del Código Penal.[1]

            Tanto en lo referente al examen del requisito de no violencia como de la no posesión de armas, el Constitucional aplica el principio de proporcionalidad entre el hecho cometido y la sanción del ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, que entre miles de personas una o dos lleven armas no sería suficiente, sin otros elementos, para disolver una manifestación.

            Por último, se requiere también que una reunión no altere el orden público, con peligro para personas o bienes. Se sigue una interpretación restringida de este requisito. Cierta alteración del orden, puede argumentarse, existe con cualquier manifestación, aun la más pacífica. El Constitucional exige que la autoridad gubernativa tenga razones fundadas, datos objetivos suficientes del peligro para personas o bienes, no bastando las meras sospechas.

 

            POR EL MOMENTO, y hasta mi conocimiento, las concentraciones han cumplido estos requisitos. Sin embargo, el artículo 21.2 C.E. impone, como hemos visto, un requisito adicional: la comunicación previa a la autoridad. No es una solicitud de autorización, sino una puesta en conocimiento.

            Este requisito está desarrollado en los artículos 8 a 11 de la L.O. 9/83 que, ya lo hemos establecido, es de aplicación a las concentraciones del movimiento 15 de Mayo. El artículo 9 destalla el contenido de tal comunicación. El artículo 10, la posibilidad bien de prohibición de la reunión o manifestación por la autoridad, bien la propuesta de cambio de fecha, lugar, duración o itinerario. El artículo 11, el recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia correspondiente, frente a dicha prohibición o modificación. Y el artículo 8, que ahora examinaremos, el plazo para presentar esa comunicación.

            Dice el artículo 8:

            La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante.

            Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.

            ¿Y si no se cumple el plazo? La sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de junio de 1982 permite que la autoridad gubernativa prohíba una reunión o manifestación por defecto de dicho requisito, por entender que su falta supone una vulneración de la mínima buena fe. Si los convocantes no presentaron su escrito de comunicación dentro de plazo, la autoridad estará legalmente investida para prohibir su concentración.

            Ahora bien, ¿qué plazo debe aplicarse? ¿El general de los diez a treinta días, o el urgente de veinticuatro horas? Mejor dicho, ¿quién decide qué plazo se aplica? La experiencia, parece ser, indica que los convocantes tienden a aplicar el plazo urgente. Sin embargo, a efectos prácticos, desde la sentencia del Constitucional citada, es la autoridad gubernativa la que decide qué plazo aplicar, y si está investida o no para prohibirla. Siempre, por supuesto, con la garantía del recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales.

            Este régimen, a decir de la STC 59/1990, tiene como objeto conciliar el artículo 21 de la Constitución con el derecho a la libre circulación de los ciudadanos dentro del territorio nacional, reconocido en el artículo 19 de la misma. Pero el mismo TC, en su sentencia 42/2000, advierte que los “colapsos circulatorios” sólo pueden usarse para prohibir una reunión o manifestación si los mismos son muy prolongados e impiden el acceso a determinadas zonas o barrios, imposibilitando la prestación de servicios esenciales, con incidencia en la seguridad de las personas y bienes.

            Parece, así, que la mayor duda sobre la licitud o ilicitud de estas concentraciones recae, esencialmente, en el cumplimiento o no del requisito del plazo del artículo 8 arriba citado.

 

            POR LO QUE REFIERE a la problemática adicional que supone estar en período de campaña electoral, dos son los interrogantes que se me plantean: quién se arroga la posición de “autoridad” frente a los concentrados y si la jornada de reflexión impide legalmente el mantenimiento de las reuniones.

            En cuanto a la primera duda. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 54.1 dispone:

            La celebración de actos públicos de campaña electoral se rige por lo dispuesto en la legislación reguladora del derecho de reunión. Las atribuciones encomendadas en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden asumidas por las Juntas Electorales Provinciales, sin perjuicio de la potestad de la Junta Electoral Central de unificación de criterios interpretativos.

            Parece bastante claro. El problema es que la ley no define qué son “actos públicos de campaña electoral”. No he encontrado definición jurisprudencial tampoco. Aquí, como en todo este escrito, me someto a quien esté mejor informado que yo. Tendrá, por tanto, que establecerse si unas concentraciones como las de la Plaza del Sol pueden calificarse como tales, tarea que supera las intenciones de este dictamen. Si es así, la competencia de las Juntas Electorales Provinciales es obvia. De lo contrario, no son quiénes para tomar decisión alguna a este respecto.

            Pero es que la solución a este problema enlaza de manera directa con el aún más importante segundo interrogante. Porque, en efecto, la campaña electoral termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación (artículo 51.3). El artículo 53.1 impone la siguiente prohibición: No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. Y el artículo 144 del mismo cuerpo legal tipifica su quebrantamiento como delito electoral.

            Si, por tanto, se considera que las consignas, carteles, gritos o expresiones de los acampados son “actos públicos de campaña electoral” o de “propaganda electoral”, caso de realizarse durante la reunión del sábado, se estaría cometiendo un delito. De lo contrario, la jornada de reflexión no sería obstáculo para la concentración. Dada la laguna legal, la falta de definición normativa, la aplicación de la legislación penal sería incierta.

            Urge, por lo tanto, definir claramente estos conceptos, bien por el legislador, bien por los tribunales.

            Éste es el planteamiento jurídico de las cuestiones más dudosas, pienso yo, de los acontecimientos de estos días. Planteamiento no resuelto y que, ya lo he dicho, someto a cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.


[1] Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.

1 comentario »

  1. What’s up, after reading this remarkable piece of writing i am also glad to share my knowledge here with mates.

    Comentario por หางานทําที่บ้าน — agosto 18, 2015 @ 9:01 pm | Responder


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