Con un vaso de whisky

octubre 5, 2010

Choque de Leyes

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 1:38 pm
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            En Israel llevan semanas (o meses, o años) incubando un conflicto interno interesante. Los bloques enfrentados son, por un lado, el Estado y, por el otro, la comunidad ultraortodoxa. Cada vez con más frecuencia leo en la prensa (con la visión sesgada propia de cada periódico) alguna escaramuza e incluso pulsos fuertes entre los adversarios (eso no quita que los ultraortodoxos tengan una voz fuerte en el Gobierno, sobre todo en lo que al conflicto con los palestinos se refiere). Cuando no es una decisión gubernamental o de un ayuntamiento es alguna resolución de los tribunales. Por lo que he leído, los judíos ultraortodoxos han afirmado que su intención última es ver la Torah convertida en ley suprema de Israel. Algo que no creo haya sorprendido a nadie.

            Los periodistas, con el simplismo que suele caracterizarlos, bien sea por presiones de sus jefes, bien por limitaciones propias, han calificado esta situación de guerra entre la religión y la laicidad. Por desgracia, la tendencia de llamar laicidad a una especie de militancia antirreligiosa ha ganado la partida. Los últimos esfuerzos conceptuales trataban de acuñar el término “laicismo” para designar esa militancia, separándola de la “laicidad”. Pero nada. Lo único que se ha logrado es convertirlos en sinónimos. Y, de paso, dar un arma retórica a los militantes, vamos a llamarlos así, antilaicistas.

            El gran caballo de batalla entre “laicistas” y “antilaicistas”, en casi todos los Estados más o menos democráticos, es el papel de la religión en la esfera pública. Durante unos cuantos siglos –zigzagueando a otros de encarnizada lucha entre ambos poderes-, en Europa el Trono y el Altar se llevaban de maravilla, bendiciendo el último al primero si éste no permitía otros Altares y convertía en ley al menos parte de lo que los jefes del Altar decían en aquel momento. Como reacción, Tronos posteriores y sus seguidores consideran que nada de lo que opine el o los Altares puede ser incluido en una ley. Y que los Altares deberían cerrar la boca en todo debate político, social o cultural. Es decir, que lo religioso debe estar circunscrito a un ámbito rigurosamente privado.

            Como casi todo en esta vida, el asunto es bastante más complicado. Romper la alianza entre el Estado y la Iglesia fue algo extraordinariamente positivo. Lo fue para el Estado, lo fue para la Iglesia y lo fue para los individuos. De hecho, en aquellas partes del mundo donde no existe tal separación, los Estados tienden a ser dictatoriales, las confesiones a ser intolerantes y agresivas y los particulares a tener en exclusiva el derecho a obedecer.

            Pero, ¿qué quiere decir que la Iglesia (englobemos aquí en este término, esperemos que sin ofender a nadie, a las confesiones religiosas) esté separada del Estado? Cada cual marca la frontera donde le parece. Unos, en que la Iglesia no sea financiada por el Estado ni en un céntimo. Otros, en que la doctrina de la Iglesia no pueda ser admitida en el debate político-jurídico. Otros, en que ni la Iglesia maneje al Estado ni el Estado manipule a la Iglesia, pero sí puedan cooperar, como colectivos, respetando los derechos de creyentes y no creyentes como individuos. Este sector es el que se conoce como defensor del Estado aconfesional que, en realidad, es lo mismo que decir Estado laico. O debería serlo.

            Tal separación, muy hermosa sobre el papel, es fuente de muchas discusiones en la práctica. Lo cual es lógico. La falta de discusiones es seña identificadora de toda sociedad de pensamiento único. Haríamos bien en alegrarnos de discutir, siempre que las discusiones fueran de cierta altura. Debates muy conocidos, aliñados por la alegre incompetencia de los altos cargos públicos y eclesiásticos, recorren Europa mes tras mes. De alguno de ellos podríamos ocuparnos en otras ocasiones.

            Ahora bien, incluso en el sector “aconfesional” hay matices. El debate de la financiación se da entre gentes aconfesionales-cooperativistas. Y el gran debate del ámbito religioso, también.

            El religioso es un fenómeno complejo. Pese a lo que podría pensarse oyendo a los imbéciles “laicistas” o a los idiotas “antilaicistas”, las religiones no son códigos morales con patas. Sin duda, en toda religión hay un componente moral, ético, importante. Incluso hay moral individual y moral social. Pero no es, ni debería ser, un Código Civil o Penal espiritual.

            En una sociedad libre habrá, sin duda, diversidad religiosa. Por ello, si un Estado se toma en serio su misión de garantizar las libertades de las personas, no puede imponer legalmente la visión de una confesión en concreto (seamos más justos: de un sector de una confesión) a expensas de las demás, ni aun cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos pertenecieran a tal confesión. Esto, dicen algunos, implica, por pura lógica, que las visiones de los sectores de las distintas iglesias deben quedar al margen del debate público. No puedo estar de acuerdo.

            Supongamos un Estado con tres partidos políticos (siendo simplistas), uno de izquierdas, otro de centro, otro de derechas. Supongamos, de paso, que estos partidos están compuestos por gentes sensatas que han llegado a la conclusión, cada cual por su lado, de que su postura ideológica es la mejor para la sociedad en la que viven. Descartada la opción de tomar el poder a cañonazos, concurren a unos comicios limpios, encantadores, regidos por un sistema electoral ideal. Repartido el poder legislativo, la mayoría se dispone a dictar normas, sin avasallar a la minoría, pero de acuerdo con su propia orientación ideológica.

            Hasta aquí, casi nada que objetar. Bien. Supongamos ahora que las propuestas del partido mayoritario coinciden en todo o en parte con las posiciones sociales de una confesión religiosa determinada. ¡Dios mío! ¿Qué hacemos? ¿Son esas leyes contrarias al principio de la aconfesionalidad porque a una confesión se le ocurrió confesar que estaba de acuerdo? O, peor aún, ¿porque esa confesión inspiró las propuestas de ese partido?

            Examinemos la segunda posibilidad, la inspiradora. ¿Es buena cosa que un partido político se identifique públicamente con una Iglesia? Supongamos que el partido de izquierdas se autodenomina Partido Católico y el de derechas Partido Hindú. Así las cosas, pareciera que a todos los católicos no les quedaría más remedio que votar a la izquierda y a los hindúes a la derecha. O viceversa. ¿Y los ateos, musulmanes, judíos o protestantes? Más vale que el Partido de centro no haya elegido una fe concreta.

            Esa situación sería un error de primer orden. El autoproclamado Partido Católico estaría mintiendo como un bellaco. Porque un católico puede ser de derechas, de izquierdas, de centro, liberal, socialista, conservador, mixto y cualquier otro color del espectro. Lo mismo que un hindú o que un agnóstico. Sólo faltaría que, por inclinarse algunos miembros de una confesión hacia un lado, toda la confesión tuviera que seguirles, monolíticamente. Igual que en la sociedad hay debate ideológico, debería haberlo en las confesiones. Lo mismo que debate teológico.

            Esa perversa mezcla entre partido y confesión es conocida entre los anglosajones como “entanglement”, enredo. Tentación que nunca está lejos ni de las confesiones ni de los partidos. Ambos tienen cosas que ofrecer a la otra parte. El resultado es siempre malo. Para el Estado, para las Iglesias y para las personas.

            Sin embargo, es asimismo poco razonable condenar a un individuo o a una colectividad al silencio porque tenga creencias religiosas. Una creencia religiosa siempre tiene una aplicación en la vida concreta. Es decir, en una sociedad determinada, con problemas económicos, sociales, culturales concretos. Cuestión distinta es que, ante esa realidad, todas las personas religiosas, incluso de la misma religión, lleguen a conclusiones idénticas.

            Ya, entonces, ¿dejamos que los ultraortodoxos coloquen la Torah por encima de la ley civil? Bueno, el ejemplo concreto es aún más complicado de lo que parece a simple vista. La Torah es, en buena medida, un texto jurídico, no espiritual o moral. Es la Ley. El problema es que es una Ley un tanto añeja. Redactada, pensada o inspirada (dejo aquí plena libertad al lector) para una sociedad distinta, con problemas distintos. Sus soluciones a veces nos pueden parecer rechazables, contrarias a la dignidad de las personas; otras, sorprendentemente retadoras. Desde luego, es una Ley con un trasfondo religioso, moral, espiritual. Pero cualquier Ley tiene un trasfondo espiritual, ético. Incluso la ley que establece la aconfesionalidad: el principio ético es aquí la libertad de conciencia, la misión del Estado de garantizar esa libertad.

            Por otro lado, como ya dije en otro artículo, los ámbitos de la Ley y la Moral son diferentes. Pueden coincidir en ocasiones, pero, en un Estado liberal o liberal-social, una conducta considerada inmoral por algunos y aun por muchos, no tiene que ser ilegal, a no ser que perjudique o dañe injustificadamente a terceros. Regla general que, como toda regla general, no es tan simple de aplicar a lo concreto.

            Tal vez el debate no deba pararse en si un principio ético o social puede o no ser acogido en una ley civil por haber sido propuesto por tal o cual confesión, escuela filosófica o corriente de pensamiento, sino que deba someterse a ese principio a escrutinio. Debate dentro de la confesión, debate dentro de la escuela filosófica y debate en el Estado.

            Lo absurdo, desde luego, es aplicar los mismos razonamientos en las diferentes sedes de debate. Que la Biblia o el Corán digan esto o lo otro puede tener peso en un debate teológico (estoy simplificándolo mucho). Ese debate teológico podrá traer, como consecuencia, un debate social y moral, dentro de la confesión. Y las aportaciones de estos y otros debates pueden unirse al debate de toda la sociedad. Pero en el Parlamento lo que diga la Biblia no debe tener importancia porque lo diga la Biblia. Lo que importa es qué se dice y si puede aplicarse a nuestra sociedad, a nuestros derechos, libertades y deberes. De eso debería discutirse.

Imágenes: El Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén: Asamblea Nacional, Francia.

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