Con un vaso de whisky

octubre 25, 2009

Leyes enjuiciadas

Filed under: Divagaciones — conunvasodewhisky @ 11:20 pm
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            ¿Recuerdan la gran protesta que desfiló por las calles de Madrid, a su frente tres cardenales, contra algunas leyes promovidas por el actual Gobierno, en los primeros años de la anterior legislatura?

         manifestación   Ahora que la tormenta se ha calmado y que la sociedad, a lo que parece, no se ha autodestruido, no sería mala idea pararse un instante a reflexionar acerca de la misma, recordar esa protesta y, con tranquilidad, reflexionar si estaba o no justificada. Sin maniqueísmos ni dogmatismos. Partamos, antes, de unas cuantas ideas previas.

En primer lugar, la Iglesia, sus diferentes corrientes, sectores y miembros tienen todo el derecho a manifestarse y declarar públicamente sus opiniones. Y los obispos, también, por descontado. De hecho, a mí me gustaría ver al episcopado español más veces en la calle, mostrando su apoyo a causas en las que la discrepancia no se concilia con los valores evangélicos, tan básicas resultan. Me gustaría verles en manifestaciones promovidas por organizaciones y órdenes religiosas, por la misma Iglesia Católica en ocasiones, o de la mano de otras gentes, contra la pobreza, contra el hambre, a favor de una mayor justicia en las relaciones Norte-Sur. Me gusta menos verles en otras, porque creo que cometen un error, pero, en resumidas cuentas, cuestiono sus razones, no sus derechos.

En segundo lugar, el cruce de acusaciones e insultos acaecido después al acto, a medias litúrgico, a medias protesta social, fue lamentable. Lamentables las críticas del señor Blanco (actual Ministro de Fomento y entonces Secretario de Organización del PSOE), emplazando a la Iglesia a presentarse a las elecciones como un partido político o a no meterse en política. El señor Blanco se convirtió así en portavoz de una interpretación de la democracia que tiene mucho prestigio entre los propios partidos políticos: que la política es suya, sólo suya, y que nadie más puede opinar o criticar sus acciones.

Lamentables y exasperantes las palabras de gente afín a la manifestación, tachando al Gobierno y sus leyes de cercanas al nacionalsocialismo y de gente afín al Gobierno tildando a los obispos de filo-nazis. Esta buena gente demuestra así una ignorancia supina y una ligereza nada infrecuente a la hora de usar apelativos gravísimos. Deberían meditar un poco qué implica llamar nazi a otro, qué cosmovisión y qué práctica se agazapan detrás del vocablo “nazi”.

 

            La protesta de la Conferencia Episcopal y las plataformas y organizaciones que la apoyaron tenía cuatro objetivos principales: la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma del Código Civil que agiliza el divorcio y unas temidas reformas penales que legalizarían o suavizarían la proscripción de la eutanasia y el aborto. Me centraré en los dos primeros; no se pueden meter en el mismo saco que la reforma del aborto o de la eutanasia. Se esté a favor o en contra de las últimas, se trata de materias que tocan nada menos que la vida humana, el mismo concepto de vida y sus límites. No mezclemos debates.

            Así que vamos con el matrimonio homosexual y con el así llamado “divorcio express”. Para dejar clara mi posición desde el primer momento, ambas reformas me parecen razonables y dos de los aciertos del Gobierno en esa legislatura. Y no creo que puedan calificarse de reformas típicas de la izquierda; tampoco serían típicas de la derecha. El Partido Popular podría haberlas llevado a cabo perfectamente, sin contradicción con su línea ideológica. De hecho, un sector del mismo así lo manifestó, antes de ser silenciado por la disciplina de partido. Asunto distinto es el cálculo político de votos, que ha llevado al PP ha mostrarse en contra. Oh, y que nadie saque como conclusión de este párrafo que considero al PSOE un partido de izquierda.

            Bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es cierto, es un hecho histórico, que el matrimonio, no sólo en Occidente, ha sido considerado, de forma casi unánime, como esencialmente heterosexual; no ocurrió lo mismo con las diferencias de nacionalidad, raza o religión. Dependiendo de la época y del lugar, las legislaciones eran más o menos restrictivas.

            Sería muy largo exponer la historia del matrimonio y los porqués de este hecho. Sin embargo, que algo sea y haya sido así durante siglos o aun milenios no quita ni resta nada al mérito o demérito de ese algo. La idea, típicamente conservadora, de que una institución que ha permanecido a lo largo de los años posee cierta racionalidad intrínseca fue contestada en su momento por Marx, con el mordaz ejemplo de la esclavitud. ¿Vamos a defenderla por su larga permanencia? Mejor no.

            Sin embargo, no voy a meterme ahora a considerar si, desde un punto de vista moral, el matrimonio homosexual es lícito o ilícito. Porque la protesta iba dirigida contra una ley. Así que yo me pregunto, ¿la legislación que ahora tenemos, es correcta o incorrecta? Pienso que es correcta. Y me baso en el liberalismo para opinar así.

            No soy, ni mucho menos, un entusiasta liberal en materia económica. De hecho, miro al mercado descontrolado, libre de cualquier regulación, y a la mano invisible de Adam Smith con profundo recelo. Pero, en cambio, estoy muy de acuerdo con unos cuantos viejos principios liberales, que son una defensa constante contra el despotismo, sea estatal o privado. Y uno de dichos principios postula que el Estado, el Leviatán, el que tiene en su mano el monopolio de la fuerza, no debe restringir o negar derechos, salvo para evitar el daño de otros, para apoyar a los débiles.

            Una conducta nos puede parecer poco recomendable. O incluso una aberración. Pero, por muy inmoral que la consideremos, no tiene por qué ser ilegal, salvo que traspase la línea del daño. Las conductas prohibidas en Derecho, sea en el terreno civil, en el penal, en el laboral o en el administrativo, tienen (o deberían tener) siempre esa razón de ser: impedir el daño.

            Por eso creo que tanto una persona convencida de que el matrimonio homosexual es algo reprobable éticamente como una que considere que es algo tan respetable como el heterosexual podrían estar conformes con una legislación que permitiese un tal matrimonio.

            Porque, vamos a ver: ¿a quién hace daño que una pareja de lesbianas se casen? El Estado, aquí, se muestra neutral: que se case el que quiera. Ni obligamos ni prohibimos el matrimonio. ¿Es que los matrimonios entre heterosexuales se ven amenazados de algún modo? ¿Han dejado de producirse? ¿Es probable, es posible que dejen de producirse porque más personas tienen derecho a casarse? No parece. Sería tan absurdo como decir que, como los homosexuales pueden votar, el derecho al sufragio de los heterosexuales está en peligro.

            Habida cuenta de que el matrimonio homosexual no daña a nadie, sino que supone una opción de dos personas, con la que se puede estar o no de acuerdo, ¿qué razón hay para protestar contra el mismo? Hay quien se queja por la palabra, por la denominación. ¡Que se llame de otra manera! ¡Con los mismos derechos legales, con los mismos efectos ante los Tribunales! Pero con otro nombre. Las palabras importan.

            No es sorprendente que los grupos promotores de la reforma legal quisieran que el derecho fuera al matrimonio, no a una unión estable reconocida y amparada por la Ley. Porque las palabras son cruciales en ciertos asuntos. Porque que el Estado reconozca su derecho al matrimonio les coloca en la misma posición que el resto de las personas, que el resto de los ciudadanos. No desde un punto de vista estrictamente legal, sino desde un punto de vista social.

            Por consiguiente, la Iglesia (en la realidad, parte de ella) puede censurar los matrimonios homosexuales. Puede debatir, opinar, criticar y argumentar contra los mismos. Pero no puede, o no debe, criticar al Estado por haber reconocido un derecho que no daña a nadie, ni pone en peligro nada.

 

            El divorcio es algo más escurridizo. Pongámonos en antecedentes. En 1981 se reforma el Código Civil, permitiendo por segunda vez en la Historia de España (la primera fue durante la II República) el divorcio. Lanzando un rápido vistazo a la evolución del divorcio, a escala mundial, éste ha ido transformándose. El divorcio más antiguo y aún existente en muchos países, es el “divorcio-culpa”: uno de los cónyuges es declarado culpable del fracaso matrimonial, culpa que debe probarse, siendo el divorcio (y sus consecuencias económicas y familiares) la sanción. Vamos, el que hemos visto mil veces en series de abogados norteamericanas. Para evitar la aspereza y la mala saña que suelen traer con ellos estos divorcios, se pasó al divorcio consensual: los cónyuges llegan a un acuerdo y el matrimonio se disuelve. Como no siempre se da esa armonía conyugal, surge el tercer tipo, el “divorcio-remedio”: el matrimonio ya está muerto y lo único que hace el divorcio es verificar esa realidad, sin necesidad de buscar culpables, dejando las decisiones en manos del Juez cuando no hay acuerdo entre los cónyuges.

            Uf, cuánta palabrería jurídica. Aún queda un poco de eso. La reforma de 1981 establecía un sistema basado causas tasadas, cuando no había acuerdo. Si uno de los cónyuges quería el divorcio y el otro no, éste sólo se obtenía si se probaba la existencia de alguna de las causas que establecía la Ley. No era en realidad el sistema de la culpa (salvo en una causa concreta), sino que exigía la previa ruptura de convivencia y el transcurso de unos plazos, diferentes dependiendo de las circunstancias. Tampoco vamos a embrollarnos con los detalles.

            En 2005 entra en vigor una nueva reforma, que borra el sistema de causas. El divorcio se logra a instancias de ambos o de uno de los cónyuges, pasado cierto tiempo desde el matrimonio (tres meses). Punto. Luego vendrán todas las discusiones sobre la custodia de los hijos, la cuestión económica y demás. Pero la disolución del vínculo matrimonial se logra siempre y con facilidad. No pocos autores han señalado las similitudes de este sistema con el romano clásico, basado en la falta de afectio maritalis: desaparecida la misma, el matrimonio había muerto.

 

            ¿Por qué la Iglesia protestó en su día y protesta ahora? Cierto, el Derecho Canónico establece la indisolubilidad del matrimonio canónico. El Estado no lo discute. Reconoce el derecho de las confesiones religiosas a organizarse internamente y a que sus fieles sigan sus preceptos. Más aún, en el caso de la Iglesia Católica, concede efectos civiles, estatales, a ciertas decisiones de autoridades eclesiásticas (tampoco voy a detenerme en esto ahora).

            Pero el Estado regula el matrimonio civil, al margen del canónico. ¿Podría haber copiado la legislación canónica o, directamente, haberse remitido a la misma? Por supuesto. En el pasado lo hizo. Pero eso no sería propio de un Estado liberal y aconfesional, que debe legislar para todos los ciudadanos, sean cuales fueren sus creencias religiosas. Aun en el caso de que en España hubiese un mínimo porcentaje de no católicos, incluso aunque hubiera unidad religiosa completa, haría mal el Estado copiando la legislación canónica.

            Una vez más, el Estado no obliga a casarse ni a divorciarse. Sólo da la posibilidad de contraer matrimonio y de romperlo, ya que, para el Estado, no tiene carácter sacramental. Ay, amigo, pero aquí la argumentación es más peliaguda.

            Decíamos antes que el matrimonio homosexual no hace daño a nadie. ¿El divorcio sí? Según ciertos sectores, en efecto. El matrimonio, argumentan, es la base de la familia, que a su vez es la base de la sociedad. Si no protegemos el matrimonio, ponemos en grave riesgo la familia y si ponemos en riesgo la familia, ponemos en peligro la mismísima estructura social. El divorcio es un ataque directo al matrimonio y, cuanto más rápido y sencillo resulte, con más dureza se atenta contra la familia.

            Esta concepción parte de una idea básica: que el matrimonio es algo esencialmente bueno, aunque pueda corromperse. Por tanto, al margen de discusiones teológicas, el Estado debe blindar el matrimonio, bien mediante la eliminación del divorcio, bien mediante el establecimiento de un sistema que busque la reconciliación antes que la disolución y que exija estrictos requisitos para lograr la última. De lo contrario, estaremos dando alas a la ligereza, a la irresponsabilidad, a la cultura del todo vale y del mínimo esfuerzo.

            Pero otros parten de una concepción diferente. El matrimonio puede ser tanto algo bueno como algo malo. Un matrimonio puede ser espantoso para uno o para ambos cónyuges. Un matrimonio puede fracasar. Los esposos pueden dejar de amarse. Pueden suceder mil cosas. ¿Debe la Ley imponer a los cónyuges la obligación de salvar su matrimonio a toda costa? Eso no es asunto de la Ley, desde la posición clásica liberal, que yo comparto para buena parte de la vida íntima. Los cónyuges son los primeros interesados en que su matrimonio funcione. Si no lo consiguen, o no quieren, ¿a santo de qué lastrarles con farragosos procedimientos, pruebas y procesos legales?

Un matrimonio no se salva por la intervención del Derecho. Cuando el Derecho de familia entra en juego, suelen decir con ironía los abogados, ya no queda mucha familia de la que ocuparse. La Ley no repara matrimonios. La experiencia nos dice que los divorcios largos, complejos, son más traumáticos y amargos. Una vez tomada la decisión, cuanto más limpio y sencillo sea el proceso, mejor. Asunto diferente es que los cónyuges deban tomarse en serio tanto el contraer matrimonio como el romperlo. Asunto distinto es que sus convicciones religiosas o morales les interpelen, exigiéndoles un mayor esfuerzo o un mayor compromiso. Ese terreno no es el del Derecho.

 

Así que, en mi humilde opinión, se equivocó la Conferencia con sus críticas a estas dos leyes concretas. Mezcló Moral y Derecho y cedió en parte a la vieja tentación que tenemos todos de querer imponer nuestra visión con la fuerza de la Ley. Hay que ser muy cauto con el Derecho, que es fuerza organizada. Y si esa imposición es hasta cierto punto inevitable, ya que la neutralidad política pura es imposible, en ciertos aspectos de la vida, cuanto menos prohíba y mande la fuerza, mejor.

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2 comentarios »

  1. Buf, en lo del matrimonio homosexual vale, pero en lo del divorcio… no estoy de acuerdo.

    Nadie dice que el Estado deba obligar a los cónyuges a salvar su matrimonio sí o sí. De hecho, hasta la Iglesia acepta una separación o nulidad si la cosa se pone muy muy mal (entre muchísimas comillas, lo sé). Pero la queja no es que divorciarte sea bueno o malo. La queja es que es fácil.

    Dejar una vía de escape a los cónyuges por si la cosa se tuerce mucho es un argumento que veo lógico. Transmitirles que algo tan serio como el matrimonio (desde una concepción humanista, no religiosa) se puede romper en cuanto uno quiera no. Lleva a la frivolidad, a tomárselo a chirigota y, sí, atenta contra la sociedad.

    Para posicionarte, has opuesto dos opciones: que el Estado blinde el matrimonio o que puedas divorciarte con suma facilidad. Yo veo una tercera: que el Estado permita una disolucion si se puede demostrar que la cosa no funciona (los límites son difusos, lo sé).

    Un Estado que fomenta en sus individuos la cultura del “todo vale” (estudia si quieres, que pasarás de curso igual; ten todo tipo de relaciones sexuales sin control, que luego abortas si quieres; cásate y descásate cuantas veces quieras) no puede quejarse si luego nadie entiende la seriedad de las cosas y la gente se dedica a asaltar comisarías (toma demagogia… pero hay mucha verdad detrás de esto… que el individuo necesita una educación para vivir en sociedad).

    Comentario por Naezel — octubre 26, 2009 @ 10:45 am | Responder

    • Vamos a dejar correr lo de la demagogia rampante. Ciertamente, existe esa tercera vía. Es la que había en la legislación anterior, la que aún existe en buen número de Estados. No digo que defenderla sea una necedad. Sin embargo ese argumento de cariz social que esgrimes no me resulta convincente. Desde luego, desde una perspectiva humanista (o religiosa) se puede exigir respeto al matrimonio. Se puede pedir que los futuros cónyuges se tomen en serio lo que van a hacer, que asuman las cargas que la rekación conyugal implica y que esto, coño, no va a ser como en las películas romanticones. Perfectamente. Todo eso es un asunto familiar, educacional, de formación. Desde luego, la Ley es un producto social. Las Leyes pueden ( y tratan de hacerlo) moldear una sociedad. Pero en ciertos supuestos, tengo grandes dudas sobre la utilidad o eficacia de las Leyes. Lads cuestiones familiares es una de ellas. Salvo ciertos aspectos (por ejemplo, obligar a los padres a ocuparse de todos sus hijos, matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos y de cualquier otra clase) las compulsiones legales en aspectos de la vida íntima suelen ser totalmente inútiles. Lo único que logran es enquistar.
      Sí, existe la separación previa. Existe la posible reconciliación. Pero existe el divorcio. ¿Debe el Estado obligar a pasar antes por la separación, como requisito para alcanzar el divorcio? Yo creo que no. Los cónyuges verán. Porque un paso más, siguiendo tu lógica, sería una especie de cursillo preparatorio prematrimonial a cargo del Estado. Algo que las Iglesias hacen, razonablmente. Pero en el Estado eso sería muy poco razonable. Al Estado no le interesan las motivaciones de los contrayentes. Le interesa que se cumplan los requistos legales, que haya capacidad y consetimiento. Nada más. Y si se fia del buen juicio de las personas para contraer matrimonio, debe fiarse en su buen juicio para la decisión de disolverlo.

      Comentario por conunvasodewhisky — octubre 26, 2009 @ 2:38 pm | Responder


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